¿Qué es la exclusión financiera?

A pesar de ser un concepto relativamente nuevo en el mundo académico y en el ámbito de las políticas públicas, el término de exclusión financiera fue utilizado por vez primera en el año 1994 para mostrar el proceso de retirada de las instituciones financieras de los entornos más desaventajados y los cierres generalizados de sucursales bancarias en estas zonas en desventaja de algunos países (Leyshon, 1994). Ya en el año 1995, el Banco Mundial afirmaba, por su parte, que todas las personas deberían tener acceso a las transacciones bancarias, cuentas de ahorro, acceso al crédito y a los servicios de las aseguradoras, y a poder demandar servicios financieros.

Algunos autores se han aproximado al concepto mediante enfoques en los que incluyen diversas preferencias o factores individuales (Rowlingson, 1994). En este ámbito personal se toman en cuenta los diversos procesos en los que las personas resultan ser objeto de exclusión de los servicios financieros, pero también se toman en cuenta las decisiones individuales por las que se decide autoexcluirse de dichos servicios. Este carácter polisémico y multidimensional ha sido descrito por Sinclair, quien entiende que la exclusión financiera reside en la:

“(I)ncapacidad de acceder a los servicios financieros básicos de una forma adecuada. Puede surgir como resultado de problemas en el acceso, las condiciones, los precios, el marketing o la autoexclusión en respuesta a diferentes experiencias o intuiciones negativas” (Sinclair, 2001).

Factores de riesgo en la exclusión financiera

Dejando al margen las opciones personales por las que se da la autoexclusión de los servicios financieros, es la población más vulnerable la que se encuentra en el centro de la problemática de la exclusión financiera. Un estudio de la entidad británica Joseph Rowntree Foundation identificó los siguientes colectivos como especialmente vulnerables a la exclusión financiera:

– personas desempleadas; jóvenes sin empleo, educación o formación; inquilinos de pisos de protección social; familias monoparentales o divorciadas; personas con discapacidad; personas con problemas de salud mental o drogodependencias; presos, expresos o familiares de presos; miembros de minorías étnicas; migrantes; solicitantes de asilo y personas refugiadas; personas sin hogar; personas mayores; mujeres; personas con una tarjeta bancaria básica; y, en general, las personas con bajos ingresos.

En este mismo estudio se evidencian como un factor de riesgo preponderante los aspectos espaciales y geográficos: retirada de diversas entidades bancarias de algunas localidades, dificultad de acceso en las zonas rurales o en zonas de baja densidad poblacional, etc. Esta realidad puede constatarse en nuestro entorno geográfico más próximo de modo que, por ejemplo, en el territorio histórico de Álava el mapa bancario se ha visto reducido en un 25% desde el año 2012 y actualmente no hay ninguna oficina bancaria en veinte municipios de esta provincia (El Correo, 12 de marzo de 2017).

La publicación digital Icnr (Intelligence & Capital News Reports), especializada en servicios financieros, cifra en un millón el número de habitantes que han quedado sin dichos servicios, tomando como base para esa afirmación la última Memoria de la Supervisión Bancaria en España 2015 del Banco de España. La misma fuente indica que durante los años de crisis la reducción del número de oficinas pudo aproximarse al 332% (unas 33.000). Una reestructuración que parece a todas luces desmedida, pero que las entidades bancarias desmienten al entender que mantienen sus servicios a través de las plataformas informáticas.

Otro factor de importancia que contribuye a la exclusión financiera se sitúa en la falta de habilidades informáticas o el desconocimiento de las mismas por una importante proporción de la población. España se encuentra a la cola de Europa en el uso de Internet, donde un 25% de los hogares españoles no disponían de esa herramienta en 2015, y, en ese mismo año, únicamente 3 de cada 10 alumnos de 16 años utilizaban esa herramienta en las aulas (Varela Ferrio, J., 2015). Superar esta situación de claro retraso respecto a los otros países europeos resulta fundamental para poder acceder a las plataformas informáticas digitales anteriormente citadas.

Tendencias en el abordaje de la exclusión financiera

Al tratar el tema de la educación financiera, tanto los planes gubernamentales de los diversos países como organizaciones transnacionales como la OCDE o el Banco Mundial proponen programas en los que se ponga el foco en diversos grupos de la población de riesgo:

– La OCDE ofrece una base de datos de programas haciendo una distinción entre los siguientes colectivos: población general, colectivos vulnerables, personas mayores, mujeres, jóvenes, trabajadores, sindicatos, empresas y emprendedores, inversores y los ámbitos de la educación y de la divulgación.

Las actuaciones e iniciativas europeas son relativamente recientes, y la primera de las mismas, titulada “La educación financiera”, data del año 2007 (Comisión de las Comunidades Europeas, COM (2007) 808 final). Esta comunicación situaba la problemática en su contexto y recogía los debates y aportaciones en las que una educación financiera de calidad podría ofrecer –a largo plazo– importantes beneficios para los ciudadanos y la sociedad. A pesar de que la Comisión Europea consideraba que la responsabilidad principal de la educación financiera recaía en los Estados miembros de la UE, proponía instaurar ocho principios básicos para la elaboración de planes de educación financiera e informaba sobre las iniciativas que preveía poner en marcha. Los ocho principios que recoge dicha comunicación se muestran esquemáticamente a continuación:

– Principio 1: La educación financiera tiene que promocionarse activamente y debe estar disponible en todas las etapas de la vida de manera continua.
– Principio 2: Los programas de educación financiera tienen que orientarse cuidadosamente de manera que satisfagan las necesidades concretas de los ciudadanos.
– Principio 3: Los consumidores deben recibir educación sobre asuntos financieros y económicos lo antes posible, empezando en la escuela.
– Principio 4: Los planes de educación financiera deben incluir instrumentos generales de sensibilización respecto a la necesidad de mejorar la comprensión de los problemas y riesgos financieros.
– Principio 5: La educación financiera que imparten los prestadores de servicios financieros debe aportarse de manera equitativa, transparente e imparcial
– Principio 6: Los formadores en este campo han de contar con la formación y los recursos adecuados para dar cursos de educación financiera de manera fructífera y con confianza.
– Principio 7: Debe promocionarse la coordinación nacional entre los interesados a fin de conseguir una definición clara de funciones, facilitar el intercambio de experiencias y racionalizar y priorizar recursos.
– Principio 8: Los prestadores de servicios de educación financiera tienen que evaluar regularmente y, en su caso, actualizar los planes que gestionan, para adecuarlos a las mejores prácticas en este campo.

En los años posteriores, la Comisión Europea ha desarrollado proyectos para la educación del consumidor, como es el caso del proyecto Dolceta, ha fomentado un conjunto de buenas prácticas a través de un grupo de expertos y ha recopilado una base de datos sobre el tema.

Por su parte, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) publicó en 2011 una directiva cuyo título era “Educación financiera y consumo responsable”, y entre otras iniciativas recientes, la entidad EBTN (European Banking Training Network) publicó en 2012 un informe sobre el proyecto educativo EFEP (European Financial Education Partnership) y la Unión Europea financió una página web dirigida a la educación financiera y el consumo responsable de estudiantes de entre los 12 y los 18 años cuyo nombre es Consumer Clasroom.

El CESE europeo recogió en un documento las diversas estrategias, además de exponer las buenas prácticas llevadas a cabo los Estados miembros de la UE. En el documento titulado “Educación financiera para todos” (2011) se desarrollaban los planteamientos descritos en la directiva de ese mismo año. Este documento recoge las bases metodológicas e iniciativas que deben adoptar dichas estrategias en los ocho apartados siguientes:

– Aplicar una metodología común para evaluar el nivel de familiaridad con conceptos financieros y el grado de inclusión de la población.
– Garantizar una mayor penetración curricular de la educación financiera. Metodología internacional para evaluar la eficiencia y eficacia de los programas en las escuelas.
– Diseñar estrategias nacionales de educación financiera, con sistemas adecuados de seguimiento y de evaluación de impacto.
– Reforzar las estrategias de inclusión financiera. Intensificar el esfuerzo con grupos específicos (jóvenes, mujeres, inmigrantes, personas con bajos ingresos).
– Proteger los derechos de los consumidores de productos financieros.
– Organizar un día europeo de educación financiera, por ejemplo, bajo los auspicios de la presidencia de turno de la Unión Europea, y promover una conferencia anual a favor de la educación financiera, con el concurso de expertos de reconocido prestigio.
– Crear un sistema de reconocimiento público en el ámbito de la Unión Europea (p. ej. un premio) que reconozca las mejores iniciativas de educación y las mejores prácticas.
– Reforzar la cooperación entre la Comisión Europea, la OCDE y los gobiernos nacionales para explotar las sinergias potenciales y evitar la duplicación de trabajo y organizar reuniones periódicas entre los gobiernos de los Estados miembros sobre los programas de educación financiera en curso e incluir estas consideraciones en la agenda política nacional.

Por otra parte, distintas entidades financieras (Kutxabank, La Caixa, Unicaja, BBVA, Sabadell, Ibercaja, Microbank, etc.) han establecido programas, planes y jornadas dirigidas generalmente a la educación financiera de la juventud, aunque en algunos de los mismos se encuentren planes de educación financieras para adultos y personas mayores. Ciertamente, resulta muy limitado el rol de las entidades bancarias y su responsabilidad social en relación con la educación financiera en favor de los ciudadanos. Después de haber sido protagonistas de rescates económicos por los estados y la ciudadanía europea, estas corporaciones, que han visto muy mermada su credibilidad entre la población, anuncian planes para luchar contra la exclusión financiera –por ejemplo la alianza de la Fundación Microfinanzas BBVA y el Banco Mundial–, mientras anuncian la reducción del número de oficinas y planean, exclusivamente, desarrollos de tipo digital (El Confidencial, 5/4/2016).

Con relación a la educación de carácter más formal, el estudio de la educación financiera a los 15 años como asignatura específica es muy poco habitual, según evidencian los datos del Informe Pisa 2012 sobre Competencia Financiera en España; y lo más frecuente suele ser que tomen parte transversalmente en otras asignaturas, aunque únicamente un 30% de alumnos reciben de este modo transversal cursos relacionados con la educación financiera.

Tal y como se recoge en las conclusiones de la ponencia sobre inclusión y educación financiera presentada durante el pasado mes de febrero en Sevilla, dentro del VI. Congreso Red Española de Políticas sociales:

“(E)n nuestro país se han registrado importantes progresos gracias al diseño de la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Ahora bien, siendo cierto que en los últimos años se ha acumulado una importante experiencia que ha llevado a una mayor consolidación de la estrategia, fomentando el compromiso de las autoridades y los actores privados en un futuro cercano, es necesario que se dote a la citada estrategia de un enfoque más amplio para llegar a todos sectores de la población y llevar la educación financiera a los estándares internacionales” (Bonilla-Delgado, M.I. y Martín-López, C., 2017).

A pesar de que la educación financiera para la población general resulte muy interesante y seguramente imprescindible, debería quedar muy presente que:

“(L)a exclusión financiera está profundamente vinculada a la exclusión social, dado que a la mayoría de las personas que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social les es muy difícil el acceso a los servicios financieros” (Bonilla-Delgado, M.I. y Martín-López, C., 2017).

Por lo tanto, la atención más urgente parece que debe estar dirigida a estos colectivos que sufren pobreza y exclusión social –acompañadas quizás por las personas que padecen graves problemas de sobreendeudamiento–.

Por último, cabe destacar que las noticias más recientes apuntan a que el Gobierno español prepara una anteproyecto de ley por el que se evite que las entidades excluyan a clientes no rentables y que el acceso a los servicios financieros básicos tengan un carácter universal (Cinco Días, 3/2/2017).

 

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One comment

  1. El artículo deja la sensación de que la exclusión financiera es un mero problema de competencias, solucionable mediante formación.
    Posiblemente, la exclusión financiera más problemática está vinculada a la carencia de recursos financieros y a la embargabilidad de los activos bancarios.

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