Acción comunitaria ante la nueva realidad social

Las necesidades como las demandas de la población han cambiado, teniendo que adaptar las políticas públicas de protección social al nuevo contexto caracterizado por la prolongación de la esperanza de vida, el incremento de la diversidad funcional, la progresiva superación de la división sexual del trabajo y la diversificación cultural de la población, entre otros aspectos. En relación a la protección social, se observa un aumento de la conciencia de los derechos de la ciudadanía, así como una individualización de las expectativas y las demandas por parte de la población hacia las políticas públicas. Además, la limitación de las redes familiares para brindar cuidados y otros apoyos, junto con la transformación de los riesgos coyunturales en necesidades sociales más complejas y amplias, hace necesario replantear la formulación de los servicios sociales, ya que los fenómenos de exclusión que cada vez son más estructurales han puesto de manifiesto las deficiencias de los servicios sociales.

Ante este nuevo reto, se identifican tres necesidades que deberían cubrir actualmente los de servicios sociales (Fantova, 2016):

  • Promover la autonomía personal, incluida la capacidad de decidir y atender a las situaciones de dependencia mediante servicios de calidad.
  • Contribuir al ejercicio de los derechos y deberes como personas, especialmente de aquellas que por minoría de edad o por dificultades en el ejercicio de la capacidad jurídica necesitan protección y medidas de apoyo para la toma de decisiones.
  • Ofrecer poyo para compensar las limitaciones de desenvolvimiento personal de relación y de integración social y comunitaria por razón de discapacidad, discriminación, falta grave de oportunidades u otros momentos disruptivos de la vida.

Destaca la importancia de la atención primaria del sistema público de servicios sociales, ya que el modelo orientado a cubrir estas necesidades debería abordar las necesidades sociales dentro de la comunidad, con tecnología y servicios de proximidad. La implicación de las personas usuarias de servicios sociales puede ser una buena fórmula para combatir su creciente complejidad y así contribuir al desarrollo de una convivencia comunitaria sostenibles. Por tanto, al margen de la innovación tecnológica, resulta imprescindible fomentar la innovación social con el fin de garantizar la prestación de servicios sociales.

Reacción comunitaria ante el cambio de época

Durante los últimos años del franquismo, en España se creó un fuerte movimiento asociativo que ha sido clave en la formulación de la acción comunitaria: las asociaciones de vecinos. Como señala Vilà (2016), este tipo de asociaciones generó una dinámica democrática local basada en la comunidad, contribuyendo al empoderamiento de la población y la construcción de una ciudadanía crítica y activa. Partiendo de estas asociaciones, los vínculos comunitarios han tomado importancia en el desarrollo de las políticas sociales, y en la actualidad se presentan como pieza clave en la sostenibilidad del sistema de protección social.

Ante el actual cambio de época, tal y como ocurrió durante el franquismo, la sociedad civil ha reaccionado activando mecanismos básicos de solidaridad y resistencia, buscando otras maneras de organizar la economía y la sociedad. Es en esos momentos cuando la capacidad de resiliencia se pone de manifiesto, mostrando la fuerza intrínseca de la sociedad. En este proceso de adaptación, el trabajo en red se muestra como una opción para hacer frente a las nuevas necesidades sociales, ya que la innovación social que precisan los servicios sociales solo es posible con la participación de todos los actores sociales (políticos, profesionales y el resto de la ciudadanía).

Por tanto, la respuesta comunitaria de la población nace de la necesidad de adaptarse y afrontar los nuevos retos que trae el cambio de época. Sin embargo, la acción comunitaria no cuenta con una definición consensuada, debido al amplio abanico de situaciones, metodologías y experiencias que se incluyen dentro de este término. En un intento de  aproximación por conocer y entender los procesos de acción comunitaria, Úcar (2009) vincula este tipo de acciones con las siguientes visiones teóricas:

  • El sujeto de Touraine: la comunidad es un sujeto colectivo portador de derechos fundamentales que se desarrolla gracias a un proceso continuo de transformación.
  • La concienciación de Freire: se refiere a la toma de conciencia de la realidad sociocultural como resultado del análisis crítico de la misma, lo cual conlleva un compromiso con la acción que busque y provoque el cambio y la mejora de dicha situación.
  • El empoderamiento de Rapaport, Zimmerman y otros: es la percepción del control y de la influencia del individuo, así como de las organizaciones, para trabajar de forma conjunta en la resolución de problemas comunitarios y crear un cambio social.

A través de la combinación de estas tres perspectivas, este mismo autor sintetiza la definición de la acción social como un conjunto de acciones que “se dirigen a una toma de conciencia que ayude a las personas y a las comunidades a empoderarse transformándose en sujetos que eligen, de una manera relista, respetuosa y viable –a partir de su pasado y de la vivencia de su presente– su futuro”. Esta toma de conciencia convierte a las personas que forman parte de esas comunidades en sujetos de cambio y aprendizaje.

Tras acotar un poco el concepto de acción comunitaria, el próximo paso sería definir cuáles son los propósitos generales que plantean este tipo de acciones. A continuación, se muestran algunos de los principales objetivos de la acción comunitaria propuestos en la Guía operativa de evaluación de la acción comunitaria (Rebollo, Ó., et al., 2016):

  • Construir procesos planificados para la mejora de las políticas públicas y de los servicios públicos a través de la implicación y de la cooperación de la ciudadanía, del trabajo coordinado entre profesionales y servicios, y de un clima de consenso, proactividad y corresponsabilidad en torno a la intervención pública.
  • Construcción de ciudadanía, el fortalecimiento ciudadano como proceso de responsabilización individual y colectivo. También se puede hablar de creación de pertenencia, capital social, de vínculos, de confianza, de redes sociales, etc.
  • Fomentar las transformaciones en las condiciones de vida y la creación de nuevas oportunidades para afrontar carencias y necesidades de la población, mediante construcción de espacios de convivencia.
  • Impulsar la inclusión social, incorporando en los procesos a los colectivos más vulnerables.

Éstos son los rasgos que forman el marco común de la acción comunitaria. No obstante, cada experiencia enmarcada en este ámbito cuenta con unos objetivos específicos en función del público objetivo y del entorno en el que se llevan a cabo las acciones. Asimismo, la idea de este nuevo localismo busca nuevas formas de implicación ciudadana, por lo que las fórmulas de voluntariado se van transformando a medida que las necesidades sociales van surgiendo. Por estas razones, no existe en la actualidad una clasificación de base para catalogar las distintas iniciativas de acción comunitaria. No obstante, teniendo en cuenta la naturaleza de cada acción, se pueden distinguir varios tipos de actividades comunitarias:

  • Acciones de acompañamiento: su objetivo es combatir la soledad y el aislamiento, especialmente en personas mayores e inmigrantes, ya que sus redes de apoyo suelen ser menores.
  • Grupos de autoayuda o intervenciones de pares: son agrupaciones organizadas para la ayuda mutua que prestan todo tipo de servicios para ayudar a sus miembros en el ámbito personal, social, laboral y cultural. Las personas usuarias suelen gestionar este tipo de iniciativas y el reparto de tareas se realiza en base a las habilidades y competencias de cada participante.
  • Alojamiento solidario: son proyectos que se basan en el intercambio de vivienda por trabajo voluntario, donde la contrapartida puede ser, por ejemplo, tener compañía, ayuda para realizar tareas domésticas o apoyo para la crianza.
  • Solidaridad intergeneracional: estas acciones tratan de estrechar lazos entre personas de distintas generaciones. Mientras que las personas mayores aportan tiempo y experiencia en favor del bienestar social, reciben a cambio oportunidades para el crecimiento personal y relacional.
  • Proyectos de aprendizaje-servicio: son acciones que combinan en un mismo proyecto el aprendizaje y el servicio a la comunidad. De esta manera, las personas que participan en estas iniciativas adquieren conocimiento, habilidades, actitudes y valores que buscan movilizar el interés hacia la comunidad y el concepto de ciudadanía activa.

Tal y como se ha dicho anteriormente, no existe una clasificación completada sobre la acción comunitaria, por tanto, los distintos tipos de acciones que se han descrito no son los únicos existentes. Además, estas actividades no tienen por qué ser excluyentes entre sí, ya que una misma acción comunitaria puede contener diferentes rasgos y componentes según el objetivo, la población destinataria o los recursos de los que dispone. Todas estas experiencias dirigen a la sociedad hacia un nuevo localismo, donde las administraciones y entidades locales forman parte del desarrollo económico, político y social de su entorno más próximo. Al margen de las tendencias globales, tanto los problemas como las soluciones tienen carácter local, ya que los patrones institucionales, normas y valores sociales propios de cada localidad actúan como filtro de los procesos de la globalización (Navarro, 1998).

Estos ejemplos de democracia participativa tienen como espacio central el ámbito local. La descentralización de la gestión y provisión de servicios se presenta como una ventaja en el proceso de democratización de la atención social por varios motivos: 1) al establecerse una relación más cercana, la adaptación de la acción pública a las necesidades individuales es más rápida y eficaz; y 2) debido al carácter multidimensional de las necesidades sociales, este tipo de gestión posibilita la coordinación de los distintos servicios para poder actuar de forma integral. Por tanto, sea de forma autónoma o complementaria a la provisión de servicios por parte de las administraciones públicas, la acción comunitaria se formula como una práctica necesaria para producir y distribuir bienestar, entendida como una nueva forma de ver las relaciones sociales de manera integradora y solidaria (Subirats, 2016).

 

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