Débil recuperación del sistema público de servicios sociales

García, G. et al. Índice DEC. Índice de desarrollo de los servicios sociales 2017 / Índice DEC. Valoración del desarrollo de los servicios sociales por comunidades autónomas 2017 / Tablas de datos de cada indicador 2017. Madrid, Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, 20, 177, 26 págs., 2017.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales elabora periódicamente un informe en el que evalúa el grado de desarrollo del sistema público de servicios sociales en España. La edición de 2017 del índice DEC, publicada a mediados de diciembre, califica con 5,08 puntos el estado actual de los servicios sociales públicos, siendo ésta la primera vez desde que se realiza el estudio (2012) que dicha puntuación alcanza el aprobado. La nota supone un incremento de 0,54 puntos respecto a la obtenida en el informe anterior (2015) y refleja avances en la mayoría de comunidades autónomas. Esta cifra positiva se interpreta, no obstante, con suma prudencia, pues no sólo muestra todavía un bajo nivel general de madurez de los servicios sociales, sino que viene acompañada de un buen puñado de “matices y dudas”.

Las principales mejoras se concentran en el área de derechos y decisión política (‘D’) del índice, pues en los últimos dos años se han aprobado nuevas leyes, catálogos, planes y mapas de cobertura en numerosas comunidades autónomas. El informe también confirma que continúa el crecimiento de las inversiones en servicios sociales (área ‘E’) desde que éstas tocaron fondo, en 2013. Sin embargo, el nivel de gasto queda todavía por debajo del de 2012, y el hecho de que el aumento de las inversiones no sea proporcional al de los servicios induce a pensar, según el equipo redactor del estudio, que el sistema público de servicios sociales podría estar volviendo al asistencialismo. También hay progresos en lo que se refiere a la cobertura de prestaciones y servicios (área ‘C’), detectándose igualmente un ligero descenso en las desigualdades entre comunidades autónomas, que, aun y todo, siguen siendo muy abultadas, debido a disparidades organizativas y de gasto social. Por territorios, destacan Canarias y la Comunidad Valenciana, que si bien siguen recibiendo las calificaciones más bajas de todas las comunidades autónomas, parecen haber iniciado el camino para abandonar el ‘vagón de cola’ de los servicios sociales, con incrementos en sus puntuaciones medias de 0,70 y 1 punto, respectivamente.

Las principales dificultades para la consolidación de los servicios sociales en España se mantienen respecto a las identificadas en el estudio de 2015. En particular, y como ya se ha señalado, persiste “la extraordinaria diversidad de esfuerzos, cobertura y derechos garantizados” entre las distintas comunidades autónomas, y aunque las diferencias se amortiguan, siguen representando un claro incumplimiento del principio de igualdad consagrado en la Constitución. Otro de los obstáculos es lo que el informe denomina “vaciamiento del derecho a los servicios sociales”, es decir, que las nuevas leyes aprobadas en algunas comunidades autónomas reconocen derechos subjetivos que no se corresponden con la oferta real de prestaciones y servicios. Hoy día, el ejercicio de los derechos reconocidos sólo está garantizado en seis territorios, entre ellos, Navarra, la Comunidad Valenciana y Andalucía, que se incorporan a este grupo de comunidades autónomas. Galicia y Asturias, en cambio, salen de él: la primera, porque actualmente reconoce más derechos de los que su cobertura permite ejercer de forma efectiva; y la segunda, porque la cobertura carece de la base jurídica que permita a la ciudadanía reclamar una determinada prestación o servicio. En cuanto a la eficiencia del sistema, la ratio de cobertura y gasto sólo resulta adecuada en seis territorios; las diferencias más significativas respecto a 2015 se encuentran en Navarra y Aragón, cuyo sistema ha perdido eficiencia, y en Baleares y la Comunidad de Madrid, que la han ganado.

Ratio derechos reconocidos / cobertura real en los servicios sociales, según el índice DEC, por comunidades autónomas

 

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