La mejora económica consolida la percepción positiva hacia las personas inmigradas en Euskadi

Ikuspegi. Barómetro 2017. Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero. Bilbao, Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 98 págs., 2018.

En este documento, Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración analiza los principales resultados de la encuesta realizada en 2017 sobre el modo en que la sociedad vasca percibe a la población de origen extranjero. El informe indaga en las percepciones sobre el volumen de personas inmigradas, su conceptualización como problema, sus efectos en la sociedad vasca, la convivencia y la integración, y las políticas de inmigración. El documento actualiza además el índice de tolerancia a la inmigración de ediciones anteriores, para seguidamente realizar con él un análisis tipológico.

La base empírica del estudio está constituida por 600 entrevistas domiciliarias a personas adultas residentes en Euskadi, utilizando un muestreo aleatorio estratificado con cuotas por tamaño de hábitat, edad y sexo. Los datos obtenidos se consideran representativos para la comunidad autónoma con un margen de confianza del 95% y un error del ±4%. La encuesta se realiza cada año desde 2007, y en este sentido, ofrece no solo una instantánea del imaginario vasco a este respecto, sino también un análisis de tendencias. Como novedades de la edición de este año, se han introducido preguntas en torno a la vestimenta o las expectativas respecto a la evolución de la llegada de personas inmigrantes, y en el ítem sobre los tres problemas más importantes de Euskadi se han cambiado las respuestas sugeridas para que coincidan con las del Eurobarómetro de 2016.

El informe comienza indagando por el número de personas extranjeras residentes en el País Vasco. Las personas encuestadas creen que la población inmigrada no nacionalizada asciende al 20,3%, cifra algo más alta que la del año anterior (16,8%) y dos veces y media superior al porcentaje real de población de origen extranjero empadronada en Euskadi, que solo llega al 8,9%. Más de la mitad de la población vasca (54,5%) considera, por otro lado, que esa proporción crecerá durante los próximos cinco años. Hay que subrayar el hecho de que únicamente el 12,6% de las personas consultadas califiquen de forma espontánea a la inmigración como un problema social, cifra que se eleva un punto cuando se realiza la pregunta sugiriendo posibles respuestas.

Los efectos percibidos de la inmigración en la sociedad vasca se concentran fundamentalmente en el ámbito socioeconómico, resultando minoritarias las opiniones que señalan que este fenómeno afecta a la identidad vasca o el euskera. Se mantiene la tendencia iniciada en 2015 a la mejora de los efectos positivos atribuidos a la inmigración en la economía vasca, si bien los datos de 2017 son algo inferiores a los del 2016. De esta forma, la mayoría de personas entrevistadas opinan que las personas extranjeras residentes en Euskadi permiten que la economía funcione mejor (45,9%) y que su aportación resulta necesaria en algunos sectores (41,4%). Las posturas negativas, por su parte, tienden a descender: un 32,7% sostiene que las personas inmigradas aumentan el desempleo, y un 26,2%, que bajan los salarios (porcentajes que en 2016 alcanzaban el 48% y el 35,2%, respectivamente).

En cuanto al modelo de conveniencia, los resultados de la encuesta permiten caracterizarlo como de “asimilacionismo blando” o “por decantamiento”, de modo que la integración se concibe como un proceso compartido por toda la sociedad en el que a las personas inmigrantes extranjeras se les exige un mayor esfuerzo que al resto. El acceso a la educación y la sanidad se consideran derechos universales, mientras que el cobro de la renta de garantía de ingresos, la reagrupación familiar, el acceso a la vivienda de protección oficial y el ejercicio del voto solo se admiten para aquellas personas en situación administrativa regular. La apertura de negocios por parte de personas inmigradas es aceptada de forma mayoritaria, pero la ocupación de espacios públicos, la construcción de templos para sus religiones, el mantenimiento de la vestimenta tradicional y la apertura de centros de enseñanza propios suscitan poca simpatía, al ser aprobadas solo por el 46,1%, el 40,2%, el 32,8% y el 30,1% de las personas entrevistadas, respectivamente.

La política inmigratoria preferida, según la encuesta, es la que condiciona la residencia legal a la posesión de un contrato de trabajo (43,4%), si bien cada vez son más (un 28% en 2017 frente a un 16,7% en 2012) quienes opinan que se debe autorizar la estancia de las personas que llegan al país por reagrupamiento familiar, por motivos de estudio o como refugiadas. Quedarse sin trabajo no se percibe como un motivo de exclusión (70,5% de respuestas en contra, la cifra más alta desde que se realiza la encuesta), pero cometer un delito resulta más controvertido, con un 49% de opiniones a favor de la expulsión en estos casos, y un 32,1% en contra.

Índice de tolerancia a la inmigración

El índice de tolerancia a la inmigración, que sintetiza en una escala de 0 a 100 la respuesta a las 65 preguntas más discriminantes del estudio, alcanza en 2017 los 58,48 puntos y queda ligeramente por debajo del de 2016 (59,04), pero este deterioro no modifica el escenario de estabilidad que se dibuja desde 2015. Ikuspegi interpreta estos datos como una nueva constatación de que el ‘pulso’ social en materia de inmigración oscila a la par que los indicadores macroeconómicos. Para averiguar el peso de las variables que componen el índice y cómo se relacionan entre sí, el equipo del observatorio aplica también técnicas de estadística multivariante. La adscripción religiosa aparece como la variable con mayor capacidad predictiva de la actitud frente al fenómeno inmigratorio, seguida de la relación con personas de origen extranjero en el tiempo de ocio, y el estatus socioeconómico. Las ocho variables con mayor capacidad predictiva sirven de base para elaborar un modelo explicativo que da cuenta de alrededor del 21,92% de la variabilidad de la muestra.

Para terminar, el informe propone un análisis tipológico por el cual, partiendo de las puntuaciones en el índice de tolerancia, se clasifica a la ciudadanía vasca en tres grandes grupos, tolerante (35,3%), ambivalente (48,5%) y reacio (16,2%), con diferencias significativas entre sí. El grupo tolerante se asocia principalmente a hombres; personas menores de 65 años; con estudios universitarios superiores; que hablan euskera; son agnósticas ateas o indiferentes, y de ideología de izquierda; se sienten predominantemente vascas; son económicamente activas o estudiantes; tienen ingresos mensuales superiores a los 1.800 euros y estatus socioeconómico medio o alto; y que tienen mucha relación con personas inmigrantes en la esfera pública y alguna o mucha en su tiempo de ocio. El grupo ambivalente se asocia fundamentalmente a mujeres; personas mayores de 64 años; sin estudios, con estudios primarios o universitarios medios; que no hablan euskera; se definen como católicas practicantes o no practicantes; tienen ideología de centro o derecha y un sentimiento identitario tan vasco como español; están jubiladas o se dedican al cuidado del hogar; cuentan con unos ingresos mensuales de entre 1.001-1.800 euros y un estatus socioeconómico bajo; y que no tienen ninguna relación con personas inmigrantes. El grupo reacio se asocia esencialmente a mujeres; personas mayores de 64 años; sin estudios o con estudios primarios; católicas practicantes o practicantes y de ideología de derecha o centro; que no hablan euskera; que manifiestan un sentimiento identitario español; están jubiladas o se dedican al cuidado del hogar; tienen ingresos de hasta 1.000 euros mensuales y estatus socioeconómico medio o bajo; y que tampoco tienen ninguna relación con personas inmigrantes.

 

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