Los servicios sociales ante el Covid19: medidas, debates e interrogantes

La emergencia sanitaria provocada por el Covid19 está teniendo un impacto extraordinario en el ámbito de los servicios sociales y sobre las poblaciones que habitualmente atienden estos servicios. Este artículo resume las principales medidas que –tanto en Euskadi como el conjunto del Estado español− están poniendo en marcha las administraciones públicas y las entidades sociales para hacer frente a las consecuencias de esa crisis, y recoge también algunos debates que se han suscitado en torno a ellas. No se trata obviamente de una análisis exhaustivo ni sistemático –imposible dada la variedad de servicios, colectivos y medidas implantadas−, sino de un primer repaso de urgencia de las respuestas que se están dando desde los Servicios Sociales a esta crisis.

La información está recogida en el boletín electrónico #covid19ServiciosSociales y en la página web covid19.siis.net que el SIIS ha puesto en marcha para recoger todas las medidas aplicadas, así como los documentos técnicos, manuales, guías y recomendaciones que se están elaborando.

Reforzar los Servicios Sociales ante la emergencia

La mayor parte de las medidas que se han tomado durante la crisis están orientadas a servicios y poblaciones específicas. Las administraciones también han puesto en práctica sin embargo medidas genéricas orientadas a reforzar la capacidad global de acción del conjunto de los Servicios Sociales. Con ese objetivo, la administración central ha creado por ejemplo un fondo social extraordinario dotado con 300 millones de euros, cuyos criterios de reparto ya han sido hechos públicos. Este fondo extraordinario financiará los proyectos y las contrataciones laborales necesarias para reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario, incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de tele asistencia domiciliaria, trasladar cuando sea necesario al ámbito domiciliario los servicios de rehabilitación, reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, adquirir medios de prevención o ampliar las plantillas de centros de servicios sociales o centros residenciales. El Gobierno central y las CCAA acordaron también al inicio de la crisis la consideración de los Servicios Sociales como servicios esenciales, y la flexibilización de los criterios y procesos para la contratación de profesionales.

También las CCAA –por ejemplo, Navarra y la CAPV− han puesto en marcha fondos económicos extraordinarios que, por ejemplo en el caso de la Comunidad Foral, con una dotación de 100 millones de euros, tienen como objetivo “articular medidas que intenten paliar los gastos extraordinarios que se vayan originando como consecuencia de la gestión del COVID-19, sobre todo en los sectores de salud, educación, políticas sociales, empleo, familias, empresas, pymes, autónomos, los derivados de la conciliación laboral y familiar, protección social y otros gastos ocasionados por el COVID-19”. Ese plan ha sido reforzado en Navarra con otras medidas extraordinarias, entre las que destaca la regulación de la apertura de nuevos servicios sociosanitarios o la flexibilización del régimen de concesión de las subvenciones al Tercer Sector. En el caso de Euskadi, el fondo inicialmente dispuesto asciende a 300 millones y tiene como objeto reforzar los sistemas sanitario y educativo, además de apoyar a las familias, las empresas y el empleo.

En muchas CCAA se han puesto también en marcha otras medidas más específicas, como la prestación de apoyo psicológico a los trabajadores/as de los servicios sociales, la agilización en los mecanismos de financiación de los Servicios Sociales municipales, la flexibilización de las posibilidad para reasignar las funciones de los profesionales ya contratados, la puesta en marcha de equipos especiales de detección de necesidades, o la creación de canales específicos de coordinación.

Junto a las medidas concretas, son también muchos los documentos publicados para articular la respuesta que desde los servicios sociales generales se está dando a la pandemia. Cabe señalar al respecto el documento del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid con propuestas para el refuerzo del Trabajo Social ante la crisis, las recomendaciones del Consejo General del Trabajo Social a los y las trabajadoras sociales ante la situación del covid-19 o el artículo de Fernando Fantova sobre los servicios sociales ante la emergencia general.

Frenar la transmisión del virus en los centros residenciales

Más allá de estas medidas generales, no cabe duda de que uno de los principales impactos de la crisis sanitaria en el ámbito de los Servicios Sociales tiene que ver con la rápida expansión del virus en los centros residenciales para personas mayores. En ese ámbito, la administración central ha decretado diversas medidas, como la puesta a disposición de las comunidades autónomas de los recursos de las residencias privadas, la flexibilización de la acreditación y funcionamiento de los servicios mientras persista la situación de crisis COVID-19 o la adopción de diferentes medidas organizativas en la gestión de los centros, como la ubicación y clasificación de las personas residentes en diversos grupos en función de su estado.

Más allá de lo dispuesto en estas normas de ámbito estatal, las administraciones responsables de la gestión de los servicios residenciales han puesto en marcha multitud de medidas para prevenir y reducir la expansión del virus en estos centros. Así, por citar un ejemplo, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha decidido –en el marco de un plan más amplio para prevenir la extensión del coronavirus en los centros de servicios sociales− facilitar que las personas usuarias de estos centros pueden ser trasladadas a sus domicilios, dotándoles de ayudas técnicas y prestaciones económicas que hagan posible su atención en el domicilio. El Plan de la Diputación Foral incluye otras medidas como la desinfección de todos los centros residenciales o la puesta en marcha de un servicio de atención y apoyo psicosocial para familiares de personas usuarias de las residencias. Además, se ha puesto a disposición de las personas usuarias de servicios sociales un servicio telefónico que ofrece una cartera de servicios como pueden ser el apoyo psicosocial o las solicitudes de oficio de prestaciones económicas. Por otra parte, se ha establecido un sistema de comunicación que garantiza en todas las residencias una red de comunicación segura entre las personas residentes y sus familias.

Destacan también las medidas adoptadas por las diversas administraciones para flexibilizar y facilitar la contratación de personal adicional para estos centros, la atribución de la competencia de inspección de los centros residenciales a los servicios de inspección de las Consejerías de Salud, las derivaciones de residentes a los dispositivos especiales de carácter sociosanitario, la apertura extraordinaria de centros para personas mayores afectadas por el coronavirus que no requieren ingreso hospitalario, la desinfección de los centros, la restricción total de las visitas, etc.

También en el caso de la atención residencial se han hecho públicos numerosos documentos, guías y propuestas. Por citar algunos, al comienzo de la crisis el Ministerio de Sanidad publicó un primer documento técnico con recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para hacer frente a la epidemia y, posteriormente, una Guía de prevención y control frente al COVID19 en residencias de mayores y otros centros de  servicios sociales de carácter residencial. El Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya ha publicado una guía de actuación ante casos de infección por el coronavirus en los centros residenciales. A su vez, Plena Inclusión ha elaborado una Guía práctica para residencias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ante la pandemia de coronavirus COVID-19.

Particular interés tienen las recomendaciones relacionadas con las medidas de triaje o priorización en la atención sanitaria de las personas afectadas por la enfermedad. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha publicado unas recomendaciones generales relacionadas con las decisiones éticas difíciles y la adecuación de la intensidad asistencial o el ingreso en las unidades de cuidados intensivos en situaciones excepcionales de crisis. En ese mismo sentido, el CERMI ha elaborado un prontuario de necesidades en la gestión inmediata de la pandemia en el que se hace referencia, entre otras, a esta cuestión. Más concretamente, el documento señala que “toda la actuación de las instituciones y profesionales sanitarios, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de derechos humanos de no discriminar ni de tratar desigualmente, y de actuar sin prejuicios y sesgos que castigan a quien se considera diferente y por tanto de menor valor, cuya salud o cuya vida es sacrificable por ser menos prioritaria”. Cabe destacar también por su interés el marco ético que el Departamento de Salud y Servicios Sociales del Reino Unido propone para la gestión de la crisis en el ámbito de los servicios sociales.

Las medidas aplicadas no han impedido en cualquier caso contener por completo la propagación del virus en estos centros. Si bien no es ahora lo más importante, la situación de emergencia que están atravesando estos centros contribuye a extender una percepción social muy negativa de la atención residencial, con imágenes y testimonios demoledores para el sector. No cabe duda de que la particular crisis que –dentro de la crisis general− están sufriendo los centros residenciales para personas mayores obligará pues a replantear, en cuanto sea posible, los actuales modelos de atención residencial para personas mayores. En ese marco, la Fundación Edad y Vida ha abogado mediante este comunicado por una mayor integración de los servicios sociales y sanitarios para prestar en mejores condiciones los servicios residenciales para personas mayores dependientes.

Garantizar el derecho a la alimentación

Desde el inicio de la crisis, una de las medidas que ha tenido un mayor desarrollo tiene que ver con el desarrollo de iniciativas para garantizar, durante el periodo de confinamiento, la alimentación a las personas en situación de vulnerabilidad y, particularmente, de los niños/as y niñas que viven en familias con pocos recursos, reciben becas de comedor y/o son perceptoras de rentas garantizadas. En ese sentido, la Administración central ha destinado un fondo de 25 millones de euros para la financiación de ayudas destinadas a garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos.

Aunque muchas administraciones locales y autonómicas han puesto en marcha iniciativas de este tipo mediante ayudas económicas directas o en especie –la Junta de Andalucía puso por ejemplo en marcha un programa de Refuerzo de Alimentación Infantil, con el objetivo garantizar las tres comidas diarias al alumnado en riesgo de exclusión social; la Comunidad Valenciana un sistema de bonos en supermercados; el Gobierno de Canarias ha hecho llegar a familias vulnerables una compra por valor de 120 euros, Cataluña ha activado una tarjeta monedero, La Rioja ha habilitado un número de teléfono especial…−, la actuación más polémica ha sido la impulsada por la Comunidad de Madrid, que llegó a un acuerdo con las empresas Telepizza y Rodilla para ofrecer un menú a los más de 11.500 alumnos con precio reducido en los comedores escolares por pertenecer a familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI). La medida fue inicialmente prohibida, aunque luego autorizada, por el Ministerio de Sanidad y fue objeto de críticas por parte de diversos medios y entidades. En esa línea, un artículo de Eloisa del Pino en Agenda Pública analizaba en detalle esta iniciativa y subrayaba los riesgos que comporta. A su juicio, “no vale cualquier cosa. Si los comedores escolares y sus menús equilibrados no pueden mantenerse, o incluso aunque puedan, deberíamos plantearnos como una alternativa mejor la de trasferir a los hogares los recursos necesarios para mejorar la capacidad adquisitiva de estos hogares”.

Como cabía esperar, también el blog Llei d΄Engel ha publicado una interesante entrada sobre esta cuestión. En ella, Eloi Mayordomo repasa las respuestas que se han dado a la crisis desde el punto de vista de la alimentación de los menores en situación de vulnerabilidad. A partir de ese repaso, Mayordomo analiza las implicaciones que tiene la experiencia de la pobreza en la infancia y la adolescencia, el impacto que tienen las prestaciones económicas en la superación de esas dificultades y el escaso impacto que el modelo español de garantía de ingresos tiene en lo que se refiere a la reducción de las tasas de pobreza infantil. Si la gestión de la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de concentrar y agilizar la gestión de prestaciones económicas para que lleguen de manera más eficiente a aquellas familias que lo necesitan, concluye Mayordomo, el panorama post-pandémico requerirá de un new deal para la infancia.

Reforzar la atención domiciliaria y prevenir las consecuencias del confinamiento

El confinamiento domiciliario dificulta, por otra parte, atender a las personas dependientes que residen en sus domicilios, bien debido al cierre de los centros de día, bien debido a la dificultad para que sus cuidadores/as habituales, sean profesionales o familiares, puedan atenderles. Frente a esas situaciones, se han puesto en marcha por parte de las administraciones medidas de muy diverso tipo: refuerzo de los servicios de teleasistencia, acceso extraordinario a Servicios de Atención Domiciliaria (SAD) de personas que no pueden acudir a los centros de día, seguimiento telefónico y reparto a domicilio de alimentación, adelantos en el pago de las prestaciones de dependencia, etc. En ese marco, la Diputación Foral de Álava ha puesto en marcha el programa Etxean Zurekin para reforzar la ayuda profesional a domicilio destinada a las personas con dependencia. El programa supone la intensificación del servicio de ayuda a domicilio que ya se venía prestando con habitualidad, ampliándolo, si fuera necesario, para acoger nuevas personas beneficiarias o nuevas prestaciones. Además, como novedad, incluye la prestación de un servicio de comida a domicilio. Y por último, se recoge también el servicio de compras de productos alimenticios y de primera necesidad.

En ese contexto, resultan particularmente útiles guías como las publicadas el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con recomendaciones de actuación desde los Servicios Sociales de Atención Domiciliaria, por la Generalitat de Catalunya con medidas y recomendaciones técnicas de actuación en los servicios de atención domiciliaria o las recomendaciones de aplicación a los servicios sociales de atención domiciliaria elaboradas por la consultora Alda2u.

Más allá de la necesidad de dar una atención a las personas con necesidades sociales confinadas en sus casas, también es necesario tener en cuenta los efectos negativos del confinamiento en diferentes colectivos. En ese sentido, resulta particularmente interesante este artículo publicado en la revista The Lancet sobre las consecuencias del aislamiento de las personas mayores, que constituye en sí mismo un riesgo de salud pública. En la misma línea, el impacto del aislamiento en otros colectivos –particularmente, la infancia y las personas con discapacidad− ha generado también debates de gran interés:

  • En lo que se refiere a la infancia, se ha destacado el desigual impacto que el confinamiento tendrá desde el punto de vista socioeducativo en los niños/as en función de las condiciones de su vivienda y de la capacidad de su familia para apoyarles en las tareas escolares, así como la escasa consideración que las necesidades de la infancia han tenido en la gestión de la crisis. En ese sentido, hay que destacar las medidas propuestas por la Plataforma de Infancia ante el estado de alarma. Además, Save The Children ha puesto de manifiesto su preocupación por al mayor riesgo de violencia intrafamiliar que pueden sufrir los menores en estas circunstancias y UNICEF ha alertado sobre la necesidad de proteger los derechos de la infancia en esta coyuntura.
  • En lo que se refiere a las personas con discapacidad, el CERMI ha elaborado un prontuario de necesidades en la gestión inmediata de la pandemia en el que, entre otras cuestiones, se hace referencia a esta cuestión señalando que “determinadas personas con discapacidad no pueden, por razones perentorias asociadas a su discapacidad, permanecer indefinidamente en sus domicilios, confinadas, y necesitan ineludiblemente acceder a la vía pública para evitar episodios de colapso personal con grave afectación de su conducta, de sus condiciones de salud y de bienestar psicofísico y emocional”.

Atender a las personas sin hogar

Otro de los ejes básicos de atención desde el inicio de la epidemia ha estado relacionado con la atención a las personas sin hogar y con la adopción de medidas que permitan su confinamiento en condiciones adecuadas. En ese ámbito, la mayor parte de las administraciones han optado por la habilitación de dispositivos de alojamiento de urgencia, en escuelas, albergues, viviendas municipales o en equipamientos comunitarios de diverso tipo. En cualquier caso, como señala Fernando Vidal en este artículo, las soluciones adoptadas no siempre han sido las óptimas y será necesario, como en otros ámbitos de los servicios sociales, un replanteamiento de los modelos de atención a este colectivo cuando la situación de alarma haya terminado.

También en este ámbito se han elaborado numerosas guías, manuales y protocolos, como el documento técnico de recomendaciones de actuación ante la crisis por covid-19 para los gestores de Servicios sociales de atención a personas sin hogar elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Por su parte, la Federación europea de entidades que trabajan con personas sin hogar (FEANTSA) ha hecho pública una declaración en la que se destacan las medidas que desde las administraciones han de ponerse en marcha para hacer frente a las necesidades específicas de este colectivo durante la epidemia y, más concretamente, durante el periodo de confinamiento.

Prevenir la violencia de género y proteger a las mujeres en riesgo

Junto a las personas sin hogar, las mujeres que son víctimas de violencia de género pueden verse también gravemente afectadas durante el confinamiento, especialmente si se ven obligadas a convivir con sus agresores. Por ello, se han puesto en marcha medidas de muy diverso tipo: campañas de concienciación ciudadana específicamente orientadas a alertar de estas situaciones, incremento de los sistemas de vigilancia, refuerzo de los sistemas de seguimiento telefónico y de apoyo psicológico virtual, apertura de recursos adicionales de emergencia, etc. Además, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha publicado una Guía de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por COVID-19.

Movilizar las redes comunitarias y de voluntariado

Además de poner medidas extraordinarias para la adaptación de los servicios públicos a la emergencia del coronavirus, las administraciones han optado también por reforzar y articular redes comunitarias de apoyo que, mediante la acción voluntaria, puedan contribuir a atender las nuevas necesidades.

Así, en Madrid más de 7.000 personas se habían inscrito como voluntarios para atender a personas vulnerables ante el coronavirus y en Euskadi el Gobierno Vasco ha impulsado Guztion Artean, una red de solidaridad organizada ante la crisis del Coronavirus. De acuerdo a la información facilitada por el Gobierno Vasco, el día 23 de marzo más de 500 personas se habían inscrito ya en esta iniciativa.

Hacer frente al impacto económico de la crisis

El impacto de la epidemia y del consiguiente confinamiento sobre la actividad económica ha provocado –y seguirá provocando en los próximos meses− situaciones imprevistas de carencia de ingresos, que se suman a las situaciones prexistentes de precariedad y desprotección económica. Ante esta realidad, más allá de las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para responder a las suspensiones temporales de empleo, la reducción de la actividad económica de las personas autónomas y el resto de las consecuencias económicas de la crisis, desde el ámbito de los Servicios Sociales se han puesto también en marcha muy diversas medidas relativas a los sistemas de garantía de ingresos.

Así, buena parte de las Comunidades Autónomas –aunque no todas− han tomado ya medidas para flexibilizar el acceso a sus respectivas rentas mínimas o garantizadas y/o para dejar de aplicar determinados requisitos y condiciones. En Euskadi, por ejemplo, Lanbide ha decidido adelantar el pago de la nómina de la RGI de marzo, está aplicando diferentes medidas para facilitar y agilizar los trámites relacionados con la prestación y ha reforzado la tramitación telemática de la prestación.

Del mismo modo, el Gobierno de Canarias ha decidido agilizar el abono de las renovaciones pendientes de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y el Gobierno de Asturias ha decidido adelantar en quince días el pago del salario social básico y de las prestaciones económicas destinadas a las personas dependientes. Además, el Gobierno de La Rioja ha decidido adelantar el pago de diversas prestaciones a más de 5.000 beneficiarios de renta de ciudadanía, menores y dependencia, Cantabria ha suspendido el plazo de presentación de la Declaración Anual de Ingresos que están obligadas a presentar todas las personas que reciben una pensión no contributiva y Castilla La Mancha ha decidido renovar automáticamente el Ingreso Mínimo de Solidaridad. Cataluña también ha elaborado un documento con información relacionada con los trámites para el acceso a la Renta Garantida, en el que se subraya que esta prestación no es una prestación de urgencia social, sino que está diseñada para la cobertura de las necesidades básicas con carácter periódico y continuo. Las situaciones de urgencia social, señala el documento, se seguirán atendiendo desde los servicios sociales municipales.

Otras comunidades han reforzado las ayudas extraordinarias existentes. El Gobierno Vasco, por ejemplo, ha decidido ampliar en 16 millones de euros más la dotación anual prevista para este 2020 a las Ayudas de Emergencia Social (AES). Así, la aportación del Departamento de Empleo y Políticas Sociales pasará de 27,5 millones de euros a 43,5 millones. Las AES se destinan a cubrir todo tipo de gastos derivados del mantenimiento de la vivienda, y necesidades primarias de vestido, educación, formación y atención sanitaria. Son, en definitiva, gastos necesarios para atender las necesidades básicas de vida. Las familias pueden solicitarlas a través de los servicios sociales de base, y son los ayuntamientos de Euskadi los que reciben su parte proporcional del presupuesto total del Gobierno, para distribuirla entre sus vecinos y vecinas más vulnerables. En un sentido parecido, el Gobierno Vasco ha flexibillizado el acceso a las prestaciones para la conciliación de la vida laboral y familiar con ayudas a la excedencia o reducción de jornada para el cuidado de menores y/o personas dependientes afectadas por el cierre de centros educativos y centros de atención o para familiares de personas contagiadas o asiladas por el Covid-19.

Frente a estas medidas, y las que se han tomado en relación a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por parte del Gobierno central, la emergencia sanitaria ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la Renta Básica universal e incondicional. Por una parte, sus defensores se han movilizado para defender la pertinencia de esta medida en este nuevo contexto. En un artículo elaborado por Julen Bollain y Daniel Raventós se señala que “son multitud las voces, los artículos, las redes sociales, los activistas sociales o los académicos que demandan una asignación monetaria incondicional a toda la población. Si un Gobierno tiene el objetivo de “rescatar a las personas” tiene más sentido que nunca que las personas cuenten con recursos, tengan o no empleo, para poder hacer frente a la difícil situación actual y la peor que se avecina”. También Guy Standing publicó en los primeros días de la crisis un artículo en el que se señalaba que señalaba que “los Gobiernos deberían hacer caso omiso de las bolsas de valores y dejar que el sector financiero se ajuste a lo que la mayoría de sus profesionales afirman creer que es, un mercado sin distorsiones ni la intervención directa del Estado. Y, en lugar de ello, deberían proporcionar a la gente corriente los medios para tener más resiliencia. La mejor forma sería garantizar a todos los miembros de nuestras sociedades una seguridad económica básica”.

Más sugerente, y convincente, es la aportación de Alberto Tena en un artículo publicado en la web del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social. Tena repasa la evolución histórica de las propuestas emparentadas con la RB y se plantea si ha llegado su momento histórico. Para Tena, “las políticas de garantías de renta desde los tiempos de Speenhemland siempre han sido un elemento crucial de la política económica y de la organización de las condiciones de vida. Si asumimos de forma honesta que los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial han sido más bien un paréntesis excepcional −geográfico y temporal− en el capitalismo, a lo mejor podemos asumir también la necesidad de construir un derecho ciudadano universal al ingreso para sostener un mundo ya en inevitable transición”.

Con todo, en el corto plazo, es difícil argumentar que lo prioritario ahora sea una renta universal, incondicional e individual. Probablemente, será necesario articular medidas que doten de mayor universalidad, incondicionalidad o individualidad a los actuales sistemas de garantía de ingresos, poniendo en todo caso el acento en rescatar a las personas cuyos ingresos se reduzcan de forma importante durante la crisis. No parece que la universalidad sea en ese contexto la principal necesidad –ni siquiera desde el punto de vista práctico u organizativo− y cabe pensar que la aplicación más o menos extraordinaria de una Renta Básica puede tener en las actuales circunstancias más inconvenientes que ventajas. Entre esos incovenientes, destaca el que Borja Barragué apunta en este artículo de Agenda Pública: “el helicóptero monetario que supone la implantación de una RBU no es la manera más eficaz de atender las necesidades más urgentes (…). Hay una parte considerable de ese dinero que lanzaría el helicóptero sobre todos los hogares que estaría mejor empleado en planes destinados a (i) proteger a quienes están sufriendo pérdidas de ingresos debidas a despidos o ERTEs (pero no a quienes tenemos el mismo salario público y menos posibilidad de gastarlo); (ii) reforzar los recursos sanitarios en momentos en que las UCIs está al límite de su capacidad; y (iii) reducir en lo posible la mortalidad empresarial”.

Al margen de este debate sobre la Renta Básica, las entidades que trabajan en el ámbito de la exclusión han planteado en diversos documentos la necesidad de adoptar, desde el inicio de la crisis, medidas que protejan de los efectos de la crisis económica que se avecina a la población más vulnerable. En esa línea, Cáritas ha hecho público un documento con análisis y propuestas para paliar los efectos del covid-19 en las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, con propuestas específicas en materia de empleo, vivienda, garantía de ingresos mínimos, alimentación, personas migrantes, solicitantes de protección internacional, acceso a la Administración Pública y suministros básicos. Del mismo modo, Intermon Oxfam ha publicado un documento en el que se recogen diversas propuestas para que “la crisis del coronavirus no pueda volver a incrementar la desigualdad ni dejar atrás a las personas más vulnerables” y EAPN ha elaborado una declaración en la que la entidad hace “un llamamiento a todos los gobiernos para que se implementen acciones de forma coordinada, dentro de sus fronteras nacionales y en toda la Unión Europea, para luchar contra una mayor propagación del virus, protegiendo la salud y la vida de la ciudadanía”.

Interrogantes y efectos a largo plazo

Más allá de todas estas medidas de emergencia, parece claro que esta crisis –la segunda gran crisis sistémica en apenas una década− tendrá consecuencia de gran alcance en el ámbito de los Servicios Sociales. Y aunque quizás sea pronto para calibrar esas consecuencias, podemos ya vislumbrar algunas.

La primera tiene que ver lógicamente con la necesidad de reforzar los sistemas de garantía de ingresos para hacer frente a las consecuencias inmediatas de la crisis, en un contexto en el que los sistemas autonómicos de rentas garantizadas ya están sometidos, como consecuencia de la anterior crisis, a una enorme tensión. Es ahora por tanto doblemente necesario articular un sistema estatal de garantía de ingresos de suficiente cobertura e intensidad, así como reforzar los actuales sistemas autonómicos, flexibilizando el acceso a los mismos y agilizando su tramitación. En ese marco, no debe olvidarse que –al menos en el corto plazo− se verán afectadas por la crisis personas normalmente muy alejadas de los Servicios Sociales y que no necesitan apoyo alguno para la inserción. Lo que necesitan es dinero. En ese contexto, una respuesta excesivamente selectiva o condicional puede no sólo ser insuficiente, sino además contraproducente desde el punto de vista de la legitimación social de estas prestaciones.

La segunda consecuencia tiene que ver con el mundo de los cuidados –ya en crisis antes de esta crisis− y muy específicamente con la atención residencial a las personas mayores. Sin duda, la emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto la precariedad en la que se prestan estos cuidados, incluso en ámbitos como el sanitario que imaginábamos mucho más asentados. En el ámbito de los servicios residenciales a las personas dependientes, puede decirse que esa precariedad se ha hecho insoportable, especialmente en algunas comunidades. Las propias entidades prestadoras de servicios –mediante este comunicado de la Fundación Edad y Vida− reconocen que “la gestión de la crisis sanitaria por más excepcional que sea, está sometiendo al sector residencial a unas tensiones que han puesto de manifiesto que son el recurso más vulnerable de todos los que prestan cuidados sanitarios y que su capacidad resolutiva ante problemas de salud de este tipo es insuficiente”.

En ese contexto, como se señala en la anterior entrada de este blog, esta crisis habrá de servir para que las personas profesionales de los centros residenciales sean todavía más conscientes de la importancia de mantener la higiene para garantizar su seguridad y la de las personas usuarias. El reto está en tomar todas las medidas preventivas necesarias e interiorizarlas –que se conviertan en parte de la rutina de los centros–, cuidando a su vez de que los centros no se conviertan en hospitales, sino que se mantengan fieles al lema de vivir como en casa. Y es un reto, porque no resulta fácil mantener un estilo de vida hogareño en contextos donde el carácter colectivo y, en gran medida, institucional de los centros exige tomar precauciones adicionales y rutinas que son poco propias de la vida doméstica. Avanzar, como se está haciendo, en el diseño de centros residenciales realmente basados en unidades de convivencia de muy pequeño tamaño permitiría, desde luego, afrontar estos riesgos en mejores condiciones.

El impacto de esta emergencia en las residencias para personas mayores también debería hacernos reflexionar acerca de otras cuestiones relacionadas con su gestión: el papel de los servicios de inspección y de los sistemas de gestión de la calidad en el ámbito residencial, la diferente capacidad de gestionar estos riesgos que parecen estar demostrando los centros públicos y concertados y los privados, o las posibilidades reales a nuestra disposición para conciliar objetivos, derechos e intereses que no siempre son coincidentes: crear más plazas y ampliar coberturas, mejorar la calidad y las ratios de atención con más profesionales, mejorar la remuneración de los y las profesionales… Salvo que no hubiera límite presupuestario alguno, es difícil avanzar a la misma velocidad en estos tres objetivos y cada institución deberá decidir –de hecho, ya lo está haciendo− cuál priorizar.

La crisis de los servicios residenciales no debe hacer olvidar, en cualquier caso, que el mayor reto en lo que se refiere a los servicios de atención a la dependencia está, justamente, en el refuerzo y la flexibilización de la atención domiciliaria, en el apoyo a las personas cuidadoras y en el desarrollo de los servicios de carácter más preventivo; en la creación, en definitiva, de ecosistemas locales de cuidados que permitan dar soporte a las personas dependientes y a quienes les cuidan en su medio habitual de vida.

La tercera de las consecuencias que cabe vislumbrar se refiere a provisión de servicios de responsabilidad pública por parte de entidades privadas y a lo que –en ocasiones con bastante inexactitud− solemos denominar privatización de los servicios públicos. En ese sentido, cuando la situación de alarma haya remitido, será necesario evaluar con objetividad y sin apriorismos en qué medida y bajo qué condiciones la provisión por parte de entidades privadas de servicios de responsabilidad pública ha contribuido a prevenir, o a agravar, la expansión de la infección. Cabe pensar en cualquier caso que, al menos en primera instancia, la crisis puede traducirse en un mayor apoyo ciudadano a unos servicios públicos sólidos en el ámbito de la salud y de los servicios sociales, lo cual no está reñido con la necesidad de impulsar las redes comunitarias de cuidado y el carácter básicamente relacional de los servicios sociales, frente a la medicalización que ya se impone. La atribución de determinadas competencias relacionadas con los servicios sociales residenciales a la administración sanitaria, aunque esté justificada en esta situación de emergencia, puede venir acompañada de otros cambios en la misma línea.

En todo caso, como ocurrió en la crisis anterior, de la que muchas personas apenas se han recuperado, la crisis del coronavirus modificará de raíz la situación preexistente. Tampoco en este caso podemos esperar que las cosas vuelvan a ser como eran. Las prioridades en el ámbito de las políticas sociales serán otras y la competencia por los recursos cambiará de eje. Cabe confiar sin embargo en que, en los tiempos que se avecinan, las heurísticas del merecimiento de las que hablaba José Antonio Noguera y de las que se hacía eco Lucía Martínez Virto en este artículo permitan que las consecuencias de la crisis no se distribuyan, otra vez, de forma desigual. Como señala Martínez Virto en ese artículo, “el momento de emergencia social no entiende de clases sociales, pero, en sus costes y recuperación, las brechas sociales serán determinantes. En los momentos de crisis, las políticas sociales toman un papel determinante. No se trata sólo de contener sus efectos, sino de invertir en una salida fuerte y resistente que supere la fragilidad de una sociedad desigual”.

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