[icon name=»book» class=»fa-2x fa-pull-left»]Observatorio de las Ocupaciones, Informe del mercado de trabajo de las personas con discapacidad. Estatal. Datos 2016. Madrid, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 103 págs., 2017.
El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) publica anualmente varios informes sobre la situación laboral de diversos colectivos que presentan dificultades de inserción laboral (jóvenes, mujeres, personas extranjeras, personas mayores de 45 años, etc.). Entre estos estudios anuales se encuentra el informe estatal del mercado de trabajo de las personas con discapacidad. El objetivo de este documento es mostrar la tendencia de la demanda de empleo y la contratación de las personas en situación de discapacidad, un colectivo que representa el 5,9% de la población en edad laboral.
Según los datos del último informe, durante 2016 se registraron 268.160 contratos , un 10,3% más que al año anterior. Si se observa la evolución de la contratación de las personas con discapacidad, destaca el aumento registrado a partir de 2012, aunque el número de personas contratadas no se ha incrementado de igual manera, debido en parte a la temporalidad de los contratos. En 2016, el 90,3% de los contratos registraron fueron de carácter temporal, frente a un 9,7% de contratos indefinidos. En cuanto al tipo de jornada laboral, el peso relativo de los contratos a tiempo completo sigue siendo superior (61,2%), a pesar de que en los últimos diez años haya caído en 13,61 puntos porcentuales.
Tal y como ocurre con la población general, el mercado de trabajo de las personas con discapacidad muestra una desigualdad entre hombres y mujeres, donde el 61,1% de los contratos son para la población masculina. Por otro lado, las personas de 25 a 44 años acumulan la mayor parte de la contratación (53%) y en referencia al tipo de discapacidad declarada, cerca del 62% son personas con discapacidad física, mientra que un 20% declara tener alguna deficiencia psíquica. Por tanto, se puede definir el perfil de las personas contratadas con discapacidad como el de un hombre de entre 25 y 44 años con una discapacidad declarada de carácter físico.
Otro de los aspectos que analiza el informe es la demanda de empleo. A finales de 2016, el número de personas con discapacidad paradas era de 143.433 personas, lo que constituye el 3,87% de la población parada estatal. En comparación con otros colectivos, las personas con discapacidad han tenido una evolución de la tasa de paro más desfavorable, ya que sólo ha descendido un 0,67% en el último año y ha crecido cerca de un 172% entre 2007 y 2016.
Variación interanual de la tasa de paro según diversos colectivos (%)
Variación 2016/15 | Variación 2016/07 | |
Mujeres | -7,10 | 65,59 |
Menores de 30 años | -12,96 | 22,14 |
Mayores de 45 años | -5,56 | 127,89 |
P. extranjeras | -10,73 | 105,20 |
P. con discapacidad | -0,67 | 171,99 |
La antigüedad de la demanda es otro aspecto destacado de la situación laboral de las personas con discapacidad, ya que el 58% llevan inscritas en las oficinas de empleo más de un año. La incidencia del paro de larga duración ha descendido en 2016, pero cabe destacar que esta cifra se ha triplicado en los últimos diez años. Además, teniendo en cuenta el tramo de antigüedad, se observa que el número de personas con discapacidad paradas aumenta a medida que el tiempo de permanencia demandando empleo crece.
Finalmente, el documento reúne información sobre la situación laboral de las personas con discapacidad desde una perspectiva ocupacional, en función de la vigente Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11). No existen grandes diferencias entre las ocupaciones en las que son más contratadas las personas con discapacidad de las que no las tienen, ni en las que solicitan trabajar. En ambos casos, el grupo de ocupaciones elementales (personal de limpieza, peones de las industrias manufactureras, etc.) son las más referidas. En segundo lugar, se encuentra el grupo de trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, que supone el 22% de la contratación total de personas con discapacidad, y el 25% de las solicitudes de empleo.