La evidencia apunta a que las rentas de inclusión social tienen un impacto positivo en los niveles de consumo [1], que deriva en unos efectos multiplicadores considerables en la economía. Brevemente, el volumen de renta que se transfiere a los hogares en forma de prestación se traduciría en una mayor demanda de bienes para el sector productivo. Cabe señalar en este punto que las personas y hogares de menores ingresos tienen una mayor propensión marginal al consumo, por lo que el impulso de demanda generado por estas prestaciones resulta superior en comparación a otras transferencias [2]. De forma simultánea, el aumento de actividad derivado del impulso inicial del consumo genera nuevas demandas en los sectores productivos que conforman la economía, que responderán aumentando su producción. Estos efectos se irán produciendo de forma sucesiva, pero en una magnitud menguante hasta que terminen por disiparse. Adicionalmente, debido a estos incrementos en el nivel de producción, en cada uno de los sectores se generan rentas adicionales (del trabajo o capital), que en parte se traducirán en nuevas demandas de productos y servicios a través de sucesivas rondas [3].
Cada transacción adicional que se deriva del aumento en la actividad económica genera impuestos indirectos (IVA, impuestos especiales, etc.). Asimismo, las rentas adicionales revierten en una mayor recaudación por imposición directa (Impuesto de Sociedades, IRPF), e igualmente, el empleo adicional generado implica también mayores ingresos por parte del erario público en forma de IRPF y cotizaciones sociales. Brevemente, el aumento de la actividad económica desencadenada por la prestación provoca simultáneamente un incremento en la recaudación de impuestos [4].
Las Rentas de Inclusión Social autonómicas
En el estado español, se han llevado a cabo varias tentativas de medición de los efectos multiplicadores de las rentas de inclusión a nivel de CCAA, en concreto de la Renta de Inclusión Social (RIS) de Navarra, y de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) [3], [5].
En el caso de la RIS navarra, para el 2015 se estima que por cada euro invertido en la prestación se generaron 1,002 € en términos de Valor Añadido Bruto (VAB, en adelante) [simple_tooltip content=’Se trata de la magnitud económica que mide el valor añadido generado por el conjunto de productores de un área económica concreta, contabilizando el valor que se agrega a los bienes y servicios en las distintas etapas del proceso productivo. ‘][icon name=»stack-exchange» class=»» unprefixed_class=»»][/simple_tooltip], lo cual implica un retorno positivo en la economía. Sin embargo, cabe matizar que del total del VAB generado, solamente se quedaría en el tejido productivo navarro una fracción. De la parte restante se beneficiarían los sectores productivos radicados en otras CCAA o en el extranjero. En términos agregados, el impacto total de la RIS representó el 0,37 % del VAB generado en la Comunidad Foral de Navarra. La actividad económica adicional generada por la prestación también redundó en efectos positivos en la creación de empleo. Se estima que la RIS posibilitó la creación o mantenimiento de un total de 801 empleos, equivalente al 0,29 % del total de la Comunidad Foral. Respecto al retorno para las arcas públicas, por cada euro gastado en la RSI se recuperaron 0,167 €. Del total recaudado, casi el 60 % se habría ingresado vía impuestos indirectos.
Pasando al análisis realizado de la RVI, correspondiente al año 2019, para la parte del consumo adicional generado que se concentra en empresas radicadas en la Comunidad Valenciana (61 % del gasto neto), por cada euro invertido en la prestación se generan 1,4 € en forma de producción. En términos cuantitativos, de los 97.364.015 € inyectados en las empresas de la Comunidad Valenciana en forma de consumo adicional, se generaría una producción equivalente a 138.886.903 €. Poniendo el foco en el empleo, el incremento de la actividad económica propiciada por la RVI habría redundado en la creación de un total de 1.944 empleos. En lo que respecta a la recaudación, por cada euro invertido en la RVI se recuperan 0,172 €. Casi un 74 % de dicha recaudación correspondería a impuestos indirectos.
Por otro lado, si bien a diferencia de los análisis precedentes no trata de identificar los impactos económicos de la prestación en cuestión de manera tan exhaustiva, un estudio realizado por el Gobierno Vasco en 2011 señalaba que la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) contribuía a la creación o mantenimiento de alrededor de 4.500 empleos [6].
Las Rentas de Inclusión Social en el ámbito internacional
A pesar del rápido incremento en el número de los trabajos orientados a la evaluación de los impactos de las rentas de inclusión social en el ámbito internacional, hasta la fecha, se han centrado mayoritariamente en la capacidad de estas prestaciones para reducir los niveles de desigualdad y pobreza, y su potencial para lograr la integración social de sus beneficiarios. En consecuencia, la exploración de los posibles vínculos existentes entre esta categoría de prestación y la economía en su conjunto ha sido un ejercicio residual en la literatura especializada [7].
Entre los pocos trabajos de investigación que se incorporan en esta línea, destaca el ejercicio de simulación realizado por Canova et al., en el que se tratan de clarificar los ajustes macroeconómicos generados por la introducción de la Revenu de Solidarité Active (RSA) en Francia. Según los resultados de las simulaciones, la RSA habría reducido en un 15% el desempleo involuntario, aumentando en un 0,3% la oferta de trabajo, en un 0,8% el consumo privado y en un 0,2% el PIB del país, reduciendo además en un 6% el déficit público francés. De acuerdo a ese estudio, el refuerzo de esta prestación habría supuesto para las arcas públicas más ingresos que gastos, con lo que podría considerarse como una reforma coste-efectiva. En todo caso, es importante señalar que este estudio estima el impacto que teóricamente hubiera tenido una reforma del sistema previamente existente –no la introducción de una nueva prestación− si el contexto económico general se hubiera mantenido estable, y no su impacto en la coyuntura económica real [8].
Además de la RSA francesa, el esquema de renta de inclusión social italiano (Reddito di inclusione, REI), introducido en el año 2017, también ha sido objeto de evaluación en lo que a sus impactos económicos se refiere. Al igual que sus homólogos franceses, haciendo uso de técnicas de simulación, Baldini et al. estiman los impactos macroeconómicos derivados de la introducción de la prestación. Los resultados del estudio apuntan a que para el periodo 2018-2020, la prestación habría supuesto un impulso positivo en las tasas de crecimiento del PIB (impulsando un aumento interanual del 0,14 %), principalmente a través de los incrementos en la demanda agregada (+ 0,26 %). Asimismo, el efecto sobre los niveles de inversión también habría resultado positiva (+ 0,28 %). Por otro lado, pese al aumento del gasto necesario para financiar el REI, los resultados apuntan a que el aumento de déficit público sea de una magnitud reducida, debido principalmente a los ingresos crecientes derivados del incremento generado en la actividad económica. De esta suerte, el incremento interanual proyectado sobre el nivel de déficit público es inferior al 0,10 % [9]. En consonancia con el estudio anteriormente citado, estos resultados refuerzan el principio de que las rentas de inclusión contribuyen al crecimiento económico y no son, como a veces se cree, una mera transferencia de dinero a personas necesitadas sin un retorno económico tangible.
Por último, en Estados Unidos y Canadá se han realizado también algunos estudios sobre el retorno que supone para el conjunto de la sociedad las prestaciones de garantía de ingresos, especialmente de aquellas rentas garantizadas que están vinculadas al empleo (es decir, que se perciben como complemento de bajos salarios). Una revisión de diversos estudios realizados en Estados Unidos señalaba que los complementos salariales incluidos en buena parte de los sistemas de rentas mínimas que existen en aquel país implican una tasa de retorno de entre 2,82 y 5,30 dólares por cada dólar gastado por la administración en este tipo de programas.
Además de resultar herramientas eficaces para la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad, las Rentas de Inclusión Social implican un estímulo de la demanda agregada que impulsa la actividad económica y genera empleo. La actividad económica desencadenada por estas prestaciones implica asimismo unos mayores niveles de recaudación de impuestos, lo cual hace que el coste efectivo de estas prestaciones se reduzca de forma sustantiva. De acuerdo a los trabajos que analizas estas prestaciones a nivel autonómico, el coste real de las mismas acabaría siendo entre un 16-17 % inferior a lo estipulado en los montantes presupuestarios. Con todo, cabe poner de relieve que más del 60 % de la recaudación adicional provendría de impuestos indirectos (IVA, impuestos especiales, etc.). Al contrario que en el caso de los impuestos directos, las haciendas forales tienen menor control y competencias en lo que atañe a esas figuras impositivas, lo cual puede reducir el margen de maniobra en lo tocante a la financiación. Del mismo modo, desde una perspectiva autonómica, cabe apuntar que parte de esa actividad adicional revierte en los sectores productivos de otras CCAA (y el extranjero), implicando también un beneficio para su correspondientes sistemas tributarios.
[1] N. Kabeer y H. Waddington, «Economic impacts of conditional cash transfer programmes: a systematic review and meta-analysis», Journal of Development Effectiveness, vol. 7, n.o 3, pp. 290-303, 2015.
[2] N. Mathers y R. Slater, «Social protection and growth: Research synthesis», Australia: Department of Foreign Affairs and Trade Australian Government, 2014.
[3] A. Fuenmayor, R. Granell, y T. Savall Morera, «Impacto económico de las rentas mínimas: la Renta Valenciana de Inclusión», 2019.
[4] I. Zubiri, El impacto económico del gasto en política social de la Diputación Foral de Gipuzkoa. EN: Ponencias del proceso de reflexión / Hausnarketa prozesuaren txostenak. Donostia- San Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa, 2010.
[5] Observatorio de la realidad social de Navarra, «El impacto económico de la renta de inclusión social», 2016.
[6] L. Sanzo, Estudio comparado del impacto de las prestaciones de garantía de ingresos en el estado de bienestar de Euskadi y de España, Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, Gobierno Vasco, 2011.
[7] T. Sakellaropoulos, V. Lalioti, y N. Kourachanis, «The social impact of the ‘Social solidarity income’in Greece: A qualitative interpretation», Social Cohesion and Development, vol. 14, n.o 1, pp. 5-20, 2019.
[8] L. Canova, L. Piccoli, y A. Spadaro, «An ex ante evaluation of the Revenu de Solidarité Active by micro–macro simulation techniques», IZA Journal of European Labor Studies, vol. 4, n.o 1, p. 17, ago. 2015, doi: 10.1186/s40174-015-0040-3.
[9] M. Baldini, E. J. Casabianca, E. Giarda, y L. Lusignoli, «The Impact of REI on Italian Households’ Income: A Micro and Macro Evaluation», Politica economica, vol. 34, n.o 2, pp. 103-134, 2018.