Hoy por hoy parece que los centros residenciales de mayores se benefician, además de las consabidas economías de escala en las compras y en la producción de servicios, también de importantes economías de escala en la transmisión del COVID-19.
En efecto, las últimas semanas han visto surgir una serie de brotes en varios centros residenciales de personas mayores del Estado que, lógicamente no han tardado en llegar también a los centros residenciales de Euskadi y de Gipuzkoa. Lo cierto es que con los escasos datos de los que se dispone queda confirmada la vulnerabilidad de los centros residenciales frente a este tipo de epidemia. Mientras que, a 22 de marzo, la población guipuzcoana en su conjunto tiene una tasa de infección por COVID-19 de 5,25 casos por diez mil habitantes, la tasa de infectados/as entre las personas residentes en centros de Gipuzkoa es de 41,16 casos por diez mil.
| 20/03/2020 | 21/03/2020 | 22/03/2020 | |
| Total infectados/as Gipuzkoa | 273 | 325 | 380 |
| Infectados/as residencias | 12 | 16 | 26 |
| Tasa de infección Gipuzkoa (x10.000 habitantes) | 3,77 | 4,49 | 5,25 |
| Tasa de infección residencias (x10.000 plazas) | 19,00 | 25,33 | 41,16 |
Fuentes: Diputación Foral de Gipuzkoa y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
* Se incluyen tanto plazas para personas mayores como plazas de la red de centros para personas con discapacidad puesto que se han detectado casos en ambos tipos de centros.
La elevada edad media de las personas residentes en los centros residenciales de Gipuzkoa es sin duda un factor que influye en estos resultados. De hecho, las tasas específicas de infección por COVID-19 entre la población mayor y muy mayor son también muy elevadas y se acercan a las de los centros residenciales guipuzcoanos, especialmente entre la población muy mayor: de acuerdo con datos del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, a 22 de marzo, las tasas de infección en la población vasca de 80 a 89 años son de 24,15 casos por diez mil habitantes y las de las personas mayores de 90 años, de 36,35 casos por diez mil.
El carácter de vivienda colectiva de los centros residenciales es, sin duda, una de las claves para explicar la mayor tasa de infección en estos centros, donde el virus se encuentra con las condiciones ideales para aplicar sus propias economías de escala: población vulnerable compartiendo espacios –en ocasiones más de cien personas en un solo centro, por eso de las economías de escala–, y personas que, al prestar los apoyos que necesitan, actúan como vector de infección entre una persona residente y otra. Además, una vez producido el primer contagio, resulta complicado adoptar las medidas de confinamiento y aislamiento pertinentes, puesto que se trata de personas que, en su mayoría, requieren apoyo para las tareas más básicas de la vida diaria. Para solucionar este problema, en Gipuzkoa, hoy mismo se ha decidido destinar el centro sociosanitario de Cruz Roja en el barrio donostiarra del Antiguo a la atención de las personas afectadas por COVID-19 en las residencias guipuzcoanas. En este punto –a riesgo de caer en el famoso sesgo retrospectivo− es donde cabe hacerse la pregunta de si la adopción con mayor antelación de este tipo de medidas, o de medidas más restrictivas en relación con las visitas, etc. hubiera podido evitar la introducción del virus en los centros o su propagación entre las personas residentes.
Pero más allá de la actuación de los servicios sociales ante la situación de alarma por el COVID-19 –y de lo que nos pueda enseñar de su capacidad de respuesta ante las emergencias en general–, lo que esta crisis ha puesto en evidencia es que ni los hospitales, ni mucho menos los centros residenciales, aplican por rutina los elementos de protección suficientes para prevenir el contagio de enfermedades que sean mínimamente contagiosas. La utilización de batas, guantes, desinfectantes y otros elementos de protección individual debería formar parte ya de la cultura de los centros y de las personas profesionales y, sin embargo, el Hospital de Txagorritxu fue uno de los primeros focos de infección del COVID-19 en Euskadi, y tampoco se ha podido evitar que el virus se introdujera en los centros residenciales de mayores.
Sin duda esta crisis servirá para que las personas profesionales de los centros residenciales sean todavía más conscientes de la importancia de mantener la higiene para garantizar su seguridad y la de las personas usuarias. El reto está en tomar todas las medidas preventivas necesarias e interiorizarlas –que se conviertan en parte de la rutina de los centros–, cuidando a su vez de que los centros no se conviertan en hospitales, sino que se mantengan fieles al lema de vivir como en casa. Y es un reto, porque no resulta fácil mantener un estilo de vida hogareño en contextos donde el carácter colectivo y, en gran medida, institucional de los centros exige tomar precauciones adicionales y rutinas que son poco propias de la vida doméstica. Avanzar, como se está haciendo, en el diseño de centros residenciales realmente basados en unidades de convivencia de muy pequeño tamaño permitiría, desde luego, afrontar estos riesgos en mejores condiciones.
El impacto de esta emergencia en las residencias para personas mayores también debería hacernos reflexionar acerca de otras cuestiones relacionadas con su gestión: el papel de los servicios de inspección y de los sistemas de gestión de la calidad en el ámbito residencial, la diferente capacidad de gestionar estos riesgos que parecen estar demostrando los centros públicos y concertados y los privados, o las posibilidades reales a nuestra disposición para conciliar objetivos, derechos e intereses que no siempre son coincidentes: crear más plazas y ampliar coberturas, mejorar la calidad y las ratios de atención con más profesionales, mejorar la remuneración de los y las profesionales… Salvo que no hubiera límite presupuestario alguno, es difícil avanzar a la misma velocidad en estos tres objetivos y cada institución deberá decidir –de hecho, ya lo está haciendo− cuál priorizar.
En cualquier caso, una vez pasada la crisis, los centros residenciales y los departamentos forales competentes en servicios sociales deberían analizar cómo se ha producido la cadena de contagios entre las personas residentes y profesionales, y ver qué medidas se pueden incorporar a la rutina diaria de los centros para evitar que, en el futuro, este virus o cualquier otro pueda aplicar sus economías de escala en nuestros centros residenciales.