Se han publicado en los últimos meses una serie de encuestas sobre las situaciones de pobreza, desigualdad y exclusión social en Euskadi, que arrojan nuevos datos sobre la extensión de estas situaciones en nuestra comunidad, así como sobre su evolución y sobre las características de las personas que las padecen. Antes del verano se presentaron los datos y el informe de resultados del módulo EPDS-Pobreza de la Encuesta de Necesidades Sociales elaborada por el Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. También se ha presentado recientemente el informe de la Encuesta de Necesidades Sociales, elaborado por el mismo Órgano Estadístico, con información del máximo interés sobre integración laboral, situaciones de limitación y dependencia, problemas en las relaciones sociales y personales, demanda y acceso a servicios sociales, etc. Además, en septiembre se presentó el III Informe sobre Pobreza y Exclusión Social en Gipuzkoa, promovido por el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Más recientemente, Cáritas Euskadi presentó la semana pasada el Informe sobre exclusión y desarrollo social en el País Vasco, que recoge los resultados para Euskadi de la encuesta sobre exclusión social que la Fundación FOESSA ha realizado a nivel estatal. El SIIS Centro de Documentación y Estudios ha participado en la elaboración del Informe FOESSA paras Euskadi y de la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa.
Las cuatro encuestas citadas se basan en metodologías similares –aunque no siempre idénticas−, se han realizado en un periodo temporal similar −los años de recuperación económica posteriores a la crisis−, analizan fenómenos similares –la pobreza, la exclusión y la desigualdad−, y obtienen resultados que apuntan, en líneas generales, en la misma dirección. Este texto recoge los principales resultados de estos informes en lo que se refiere al incremento de las situaciones de pobreza en Euskadi –y a las razones que lo explican− y al fenómeno de polarización social que parece derivarse de los datos recogidos.
Crece el empleo, pero también la pobreza y la exclusión
Una de las conclusiones que se obtiene de las encuestas realizadas es un cierto incremento –en el conjunto de la CAPV− de las situaciones de pobreza monetaria y de exclusión social, así como del indicador que mide la desigualdad de ingresos. En ese sentido, entre 2016 y 2018 la tasa de riesgo de pobreza de mantenimiento –siguiendo la metodología EPDS− ha pasado del 7,1% al 8% de la población, y el número de personas afectadas ha crecido en un 14%, hasta las 172.000. También ha crecido el porcentaje y el número de personas afectadas por otras situaciones de carencia, como las personas en situación de exclusión severa –de acuerdo a la metodología FOESSA−, que pasan de 115.000 en 2013 a 194.000 en 2018, lo que supone pasar del 5,3% al 8,8% de la población. En el mismo sentido, los índices que miden la desigualdad han crecido entre 2016 y 2018 y se acercan a los niveles de 2014.
Fuente: Elaboración propia a partir de EPDS, EUSTAT y MTSS.
Como se observa en el gráfico anterior, el incremento de los indicadores de pobreza grave (método EUROSTAT) y pobreza de mantenimiento (método EPDS) es paralelo, sobre todo en los últimos años, al incremento del PIB y de otros indicadores asociados al mercado laboral, como el número de afiliados a la Seguridad Social.
¿Qué razones explican que se esté dando un crecimiento –o, al menos, un estancamiento− de las situaciones de pobreza en un contexto de crecimiento económico? Los datos de la diferentes encuestas permiten pensar en, al menos, cuatro tipos de razones.
Por una parte, la recuperación del mercado laboral que se ha producido tras la crisis es, cuando menos incompleta, y se mantiene una bolsa muy importante –casi 100.000 personas, el 6,6% de la población activa− con problemas graves de inserción laboral, de acuerdo a la En-cuesta de Necesidades Sociales. En 2010, el porcentaje no llegaba al 3%.
Fuente: ENS/EDDS.
También se ha producido un ligero retroceso en la capacidad de las políticas sociales de garantía de ingresos en lo que se refiere a la reducción de las tasas de pobreza, y también de su intensidad. En efecto, tras incrementarse levemente durante el periodo de crisis, el porcentaje de personas en situación de pobreza real que superan el umbral de pobreza gracias a las prestaciones del sistema vasco de garantía de ingresos se ha ido reduciendo desde 2014, pasando del 38,7% al 33,6%, con una ligera reducción el porcentaje que representan los ingresos derivados de estas prestaciones en el conjunto de los ingresos de las personas pobres (que pasan del 52,2% al 50,8%). Esta reducción de la capacidad de reducción de la pobreza se debe a la menor capacidad del sistema para que las personas atendidas superen mediante la percepción de las ayudas el umbral de pobreza real y no tanto al incremento del número de personas en situación de pobreza real que no son atendidas por el sistema, que se mantiene estable en el 30% de la población en riesgo.
Fuente: EPDS.
Por otro lado, también parece haber tenido un cierto impacto en la desigual evolución –al menos en el corto plazo− de los ingresos de las personas en situación de pobreza en relación al conjunto de la población la muy notable reducción de los ingresos totales que las familias pobres perciben mediante transferencias entre la sociedad (ingresos procedentes de ayudas directas de familiares, amigos o vecinos, así como de instituciones asistenciales de carácter particular o privado como Cáritas, Cruz Roja y similares). Estas transferencias se reducen en el caso de las personas pobres en un 45% entre 2016 y 2018, frente a un ligero incremento para el resto de la población. El impacto de esta variación no es pequeño, ya que estas ayudas representaban en 2016 casi el 10% de los ingresos totales de estas personas, frente al 4,9% en 2018.
Por su parte, la aportación de los sistemas estatales de prestaciones económicas asistenciales (no contributivas) sigue siendo residual, y apenas supone un 12% del conjunto de los ingresos de la población vasca en situación de pobreza. Con 5,7 millones de euros, la aportación mensual que realiza el sistema de protección general estatal a la población vasca en situación de pobreza apenas representa un tercio de la aportación que las instituciones vascas realizan mediante la RGI.
En todo caso, el efecto que explica el crecimiento de la pobreza –y que se relaciona en buena medida con los datos anteriores− tiene que ver con el desigual incremento de los ingresos de los diferentes grupos de renta y con el consiguiente incremento de los umbrales de pobreza. Tanto en el largo plazo –desde 2008−, como en el corto –desde 2016−, el incremento de los ingresos del 10% de la población vasca con menor renta ha sido muy inferior al del conjunto de la población. De hecho, en el largo plazo, el único grupo que –en términos de euros corrientes− ha experimentado una reducción de sus ingresos ha sido el formado por el 10% más pobre, mientras que el 70% más acomodado de la población experimentaba un incremento de sus ingresos, en promedio, del 10,3%. En el corto plazo, entre 2016 y 2018, el 10% más pobre ha incrementado sus ingresos en un 1,3% y el 70% más rico en un 5,3%. El ingreso de las personas más pobres crece mucho menos, por tanto, que el ingreso no sólo de los ricos, sino también de los grupos de renta media.
Fuente: EPDS.
Todo ello se refleja lógicamente en un crecimiento de los umbrales de pobreza, debido al cual el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres es insuficiente para reducir la incidencia de la pobreza. De esta forma, el propio crecimiento económico –al no repartirse de forma uniforme entre todos los grupos de renta− está en parte provocando el crecimiento de la pobreza, medida en términos relativos.
Fuente: EPDS.
Junto a estos elementos, también se están produciendo en la composición de la sociedad vasca una serie de cambios sociodemográficos que hacen que la pobreza tienda al alza. En ese sentido, el informe de la EPDS insiste en el importante crecimiento del número de hogares que se ha producido en los dos últimos años –han crecido en un 5,3%, pasando de 876.000 a 923.000−, con un mayor crecimiento relativo de los hogares que habitualmente están más ex-puestos al riesgo de pobreza. En otros términos, no es tanto que las familias se empobrezcan, sino que crece el número y el peso de las familias que habitualmente tienen mayores posibilidades de estar en una situación de pobreza. Así, de acuerdo al informe de resultados de la EPDS, hasta un 76% de la variación en el número de hogares se vincula con el acceso a la emancipación de adultos jóvenes que facilita la recuperación económica y con el proceso migratorio, centrado en población procedente de fuera de la Unión Europea.
¿Hacia una mayor polarización social?
En ese contexto, los datos de las encuestas señaladas apuntan a un proceso de polarización de la estructura social vasca y al empeoramiento de la situación de los grupos más pobres y/o excluidos. En ese sentido, la distribución de la sociedad vasca en función de los niveles de bienestar real pone de manifiesto que, desde 2008, no ha dejado de crecer el porcentaje de población en situación de completo bienestar, pasando del 32% de la población en 2008 al 41,2% en 2018. Las situaciones de ausencia de bienestar también han crecido sin embargo, pasando del 8,2% al 12,5%, mientras se reducen las categorías intermedias (bienestar casi completo y combinaciones de bienestar y riesgo).
Fuente: EPDS.
La evolución de las situaciones de exclusión social que se recogen en el informe FOESSA apuntan en la misma dirección, de forma más marcada incluso: entre 2013 y 2018 el número y el porcentaje de población situado en el espacio de la integración plena ha crecido de forma muy notable, pasando del 38,1% al 56,6% de la población. El espacio de la exclusión social se mantiene por su parte relativamente estable –pasa del 17,1% al 15,2%−, pero crece en ese grupo el peso de las personas en situación de exclusión social más severa: pese a la mejora de la situación económica, el número de personas afectadas por esta situación crece en Euskadi en un 68%, pasando de 115.000 personas a 194.000 y, en términos porcentuales, del 5,3% al 8,8%. Para los redactores del informe, “puede hablarse en Euskadi de una cierta polarización social, en la medida en que tienden a crecer tanto las situaciones de integración plena como las de exclusión severa, reduciéndose claramente las categorías intermedias, ya que la suma del porcentaje de población en situación de integración precaria y exclusión moderada pasa del 56,6% de la población al 34,6%”.
Fuente: EINSSFOESSA.
El incremento del número y del peso relativo del grupo afectado por las situaciones de exclusión severa en Euskadi viene acompañado de un agravamiento de su situación o, en otros términos, de una mayor acumulación de carencias. Esta acumulación de carencias se mide en la metodología FOESSA a través del Índice Sintético de Exclusión Social (ISES), que divide los cuatro espacios a los que se viene haciendo referencia –integración plena, integración precaria, exclusión moderada y exclusión severa– en nueve intervalos, lo que permite una mejor gradación de las diversas situaciones dentro de cada espacio
De acuerdo al informe de la Fundación FOESSA, el incremento entre 2013 y 2018 del porcentaje de población en situación de integración plena se debe a la reducción del tamaño del grupo que en el ámbito de la integración precaria se encuentra más cerca de la integración plena (las personas con un ISES de entre 0 y 1), que se reduce de forma muy significativa (del 29,8% al 11,8%). La conclusión de este dato parece clara: el incremento de las tasas generales de integración plena en Euskadi se debe a la muy notable reducción del espacio de la integración precaria con menos afecciones, es decir, de aquellos que ya estaban muy cerca de la integración plena. En el otro extremo destaca también poderosamente –y refuerza la idea de riesgo de cronificación y polarización al que antes se ha hecho referencia– el muy notable incremento del porcentaje de personas en los dos últimos intervalos del ISES, que pasan del 0,9% de la población al 5,4%. Si, en 2013, las personas en el último de los intervalos representaban el 13% de todas las personas en situación de exclusión severa, en 2018 representan el 48%, lo que podría apuntar a la cronificación y agravamiento de las situaciones de exclusión que antes se han mencionado, plenamente compatibles, por otro lado, con un incremento del volumen de las personas en situación de integración plena.
Las conclusiones de las distintas encuestas analizadas parecen apuntar por tanto en un sentido parecido: el crecimiento de la pobreza y la exclusión en Euskadi muestra un proceso de polarización social que se deriva al menos en parte de una distribución muy desigual del impacto de la recuperación económica. No sólo los pobres son cada vez más pobres –el empobrecimiento de la pobreza del que se habla desde hace tiempo−, sino que los excluidos están cada vez más severamente excluidos. Los excluidos son, además, cada vez más pobres, y los pobres están cada vez más excluidos.
En resumen, si bien es verdad que la situación de la gran mayoría de la población –incluyendo los grupos de renta media− ha mejorado, y que ese grupo es cada vez mayor, también crece el número de quienes acumulan múltiples carencias (la sociedad expulsada, de la que habla la Fundación FOESSA). En ese contexto, frente a la tentación de dividir la estructura social entre los que están abajo y los que están arriba, el análisis presentado por el centro de estudios de Cáritas Española divide a la sociedad entre los que están fuera y los que están dentro. Los que están dentro son cada vez más, pero los que están completamente fuera también, y están cada vez más lejos.