[icon name=»book» class=»fa-2x fa-pull-left»]XVI Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Serie: Dictámenes del Observatorio. Madrid, Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, 2016, 36 págs.
Cada seis meses la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publica un informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, con el objetivo de analizar su impacto y conocer la gestión del sistema de atención de personas dependientes. Según el último dictamen, en 2015, el 33% de las personas dependientes con derecho a prestación no recibía ningún tipo de ayuda.
En España, cerca del 2,5% de la población tiene dificultades para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, conforme los datos publicados en el XVI dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD). Aunque el número de personas dependientes mantiene una tendencia a la baja, cabe destacar que el número de aquellos con derecho a prestaciones por dependencia ha aumentado un 32% durante el último año, debido a la incorporación de las personas con dependencia moderada (Grado I). En cuanto a la cobertura de servicios y prestaciones sociales destinados a personas dependientes se sitúa en el 67%, con un incremento de 60.000 personas. Sin embargo, casi 400.000 personas dependientes se encuentran desatendidas a 31 de diciembre de 2015.
Teniendo en cuenta la atención de personas dependientes por tipo de servicio y prestación, el informe muestra que las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar han disminuido en los últimos 12 meses, siendo el único recurso que no ha aumentado durante este periodo. Aún y todo, la PECEF sigue siendo la ayuda predominante, ya que representa casi la mitad de la atención destinada a personas con dependencia.
El gasto en dependencia
El incremento del número de personas atendidas por el sistema de atención a la dependencia ha supuesto también un aumento del coste directo de la atención destinada a este colectivo, que a finales de 2015 se situaba en 6.590 millones de euros, según las estimaciones. Si se consideran otros costes del sistema (valoraciones, gestión, etc.), el gasto total rondaría los 7.000 millones. Por tanto, el gasto anual por habitantes se mantiene en torno a los 110€, aunque el gasto promedio por dependiente ha disminuido, debido a la incorporación al sistema de grados que podrían requerir menos intensidad de atención.
Desde el punto de vista de las entidades financiadoras del sistema de atención, se observa que la mayor parte del gasto lo realizan las comunidades autónomas (un 62% sobre el gasto total), mientras el resto se costea a través de la Administración General del Estado (18%) y las aportaciones de las personas usuarias (20%). Así, los datos recogidos en el XVI dictamen del Observatorio ponen de manifiesto el peso relativo de las administraciones autonómicas frente a la desatención del gobierno central. A raíz de la aportación mayoritaria de las comunidades autónomas, cabe remarcar las diferencias territoriales existentes que constituyen una gestión desigual de la atención a las personas dependientes.
Generación de empleo
El sector de cuidados representa un motor potencial de creación de empleo, ya que, a pesar de la crisis económica vivida durante los últimos años, ha seguido incrementado el número de nuevas afiliaciones (16.352 personas más respecto al año anterior). A 31 de diciembre de 2015, existían un total de 373.521 afiliaciones en el sector de servicios sociales, lo que supone la cifra más alta desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. Los servicios residenciales siguen aglutinando más de la mitad de los puestos de trabajo, mientras que los servicios no residenciales han registrado el mayor aumento dentro de las afiliaciones de la Seguridad Social de profesionales de servicios sociales, con un incremento del 6% entre 2014 y 2015.