[icon name=»book» class=»fa-2x fa-pull-left»]XVII Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Serie: Dictámenes del Observatorio, Madrid, Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, 2017, 51 p.
Hace diez años, se desarrolló la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) con el objetivo de dar respuesta a las limitaciones que tenían algunas personas para realizar actividades básicas de la vida diaria. Con el fin de comprobar el cumplimiento de dicha Ley, cada año, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales examina la atención a las personas en situación de dependencia tanto en el conjunto del Estado, así como en las Comunidades Autónomas. Según los datos del último informe, a finales de 2016 había 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida, de las cuales dos tercios eran mujeres y cerca del 70%, personas mayores de 65 años. El 29% de estas personas no percibían ninguna prestación o servicio a finales de año, aunque es cierto que el número de personas dependientes desatendidas ha disminuido respecto al año anterior.
Tal y como se observa en el siguiente gráfico, el número de personas en situación de dependencia que no recibían ninguna prestación ni servicio se duplicó a partir de 2015, a raíz de la incorporación al sistema de las personas dependientes de Grado I o dependencia moderada. No obstante, la cobertura de la atención a las personas dependientes ha pasado del 67,4% en 2015 al 71,3% en 2016. Pero esta reactivación de la atención no es suficiente, ya que los autores estiman que cerca de 150.000 personas dependientes con derecho reconocido han fallecido sin recibir ningún tipo de prestación o servicio durante los últimos cinco años, es decir, 90 personas dependientes al día mueren sin percibir la atención necesaria. Aunque ésta no fuera la causa de dichos fallecimientos, cabe destacar que no pudieron ejercer plenamente sus derechos.
La atención a la dependencia es una de las actividades económicas con mayor potencial para crear empleo dentro del sector servicios. A finales de año había, en España, cerca de 200.000 empleos directos del sector de cuidados asociados a la Ley de dependencia, sin tener en cuenta el personal ocupado en valoración, seguimiento, gestión administrativo, etc.
En cuanto a la financiación, se estima que en 2016 el gasto en dependencia ascendió a 7.126 millones de euros, de los cuales un 63% lo aportaron las comunidades autónomas, un 20% las personas usuarias y el 17% restante, la Administración General del Estado. Esto demuestra que el mayor peso del gasto público en dependencia recae en la financiación autonómica, mientras que los datos de evolución muestran un aumento progresivo del copago por parte de las personas usuarias de los servicios y prestaciones, que ha aumentado en un 39%, entre 2009 y 2016.
Por otro lado, se mantienen las desigualdades territoriales, tanto en la cobertura, como en el modelo de gestión de la atención a la dependencia. Esta característica proviene de múltiples factores que tienen origen en los primeros años del sistema de atención como, por ejemplo, el desigual desarrollo de los servicios sociales de cada una de las comunidades autónomas, el nivel de descentralización del sistema de colaboración o la ausencia de entidades locales para la atención de las personas dependientes. Actualmente, Castilla y León es, junto con Ceuta y Melilla, la comunidad autónoma con la mayor cobertura de atención, mientras que Asturias, Baleares, Galicia, Madrid, Murcia y Valencia han progresado de manera positiva en la reducción de la lista de espera. Por el contrario, Cataluña y Andalucía se encuentran en situación crítica, dado que ambas suman el 42% de las personas con dependencia reconocida y el 56% de personas desatendidas.
Ante esta situación, y con motivo del décimo aniversario de la Ley, la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados firmaron a finales de año un Pacto de Estado por el sistema de autonomía y atención a la dependencia, en el que se recogían los siguientes compromisos:
1. Revertir en los presupuestos de 2017 los recortes producidos por el RD-Ley 20/2012, incrementando en un 13% el nivel de financiación mínimo del Sistema y recuperando el nivel concertado de financiación del mismo, al menos hasta alcanzar los niveles que existían en 2012. Abordando la inclusión en la seguridad social a las y los cuidadores familiares y no profesionales, con cargo a la Administración General del Estado.
2. Impulsar un pacto entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, para acabar con la desatención antes de dos años, con los compromisos de financiación necesarios para lograrlo.
3. Iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para establecer un modelo estable de financiación del Sistema en el marco de la LOFCA, en función del coste real de los servicios prestados y de las prestaciones concedidas.
4. Cualquier medida que suponga una modificación de la Ley 39/2006, se llevará a cabo mediante su tramitación y debate en el Parlamento, con un nivel de consenso similar al menos al que se logró en su aprobación y sin utilizar, en ningún caso, el atajo de la modificación a través de Decreto.
5. Velar por la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia, garantizando información actualizada y completa que permita, a la propia Administración y a los agentes y entidades sociales, su seguimiento y control.