La exclusión hace tiempo que dejó de estar exclusivamente vinculada al nivel de ingresos, de modo que, tal y como sostienen Suso y Tellería (2012), hablar de inclusión y participación sin tener en cuenta las condiciones de vida reales de las personas supone construir un discurso vacío, que puede servir incluso para enmascarar la complicada situación de sectores sociales cada vez más vulnerables. Por eso es tan importante una lectura de la inclusión social que tome en cuenta otras dimensiones que van más allá de los niveles de renta y que afectan al acceso y la participación activa en el ámbito sociocultural, del ocio, político o incluso desde las propias entidades sociales.
Participación ciudadana y política
A partir de los años 90 del siglo XX la democracia participativa alcanza un alto nivel de aceptación: la participación se impone y el discurso de la democracia participativa es adoptado por gran parte de las principales ideologías políticas del momento; pero no todas ellas hablan de un mismo lenguaje participativo, sino que lo adaptan al servicio de proyectos sustancialmente diferentes.
De hecho, el carácter estructural de la desigualdad hace que los nuevos mecanismos de participación ciudadana acaben, en demasiadas ocasiones, reproduciendo las estructuras de poder ya existentes, sin promover ningún tipo de transformación: se hace participación, supuestamente, para la inclusión, pero no se llega con suficiente fuerza a las personas vulnerables, y menos todavía a las excluidas. Ello no implica que la democracia participativa no siga siendo válida y necesaria, sino que debe ser repensada y se tiene que volver a situar en un contexto más amplio, el de una democracia que conjuga elementos representativos, deliberativos y participativos para conseguir altos niveles de calidad institucional y de inclusión social (Canal, 2010).
Participación desde las propias entidades sociales
A pesar de que la calidad de la atención y la individualización en los servicios son enfoques que se han ido incorporando progresivamente al ámbito de la intervención con personas en situación de exclusión social, a menudo estas acciones continúan estando a menudo diseñados y dirigidos por las entidades responsables, con escasa o nula participación por parte de las personas usuarias en el proceso de toma de decisiones. El reto desde la intervención estaría en empoderar a las personas en situación de exclusión social, capacitarlas para generar y utilizar conocimientos de manera activa y eficaz de forma que puedan superar la barrera que les impide participar activamente en la sociedad, tomar el control de sus propias vidas y, en definitiva, convertirse en ciudadanos y ciudadanas autónomos/as y activas/os. La clave del empoderamiento es la eliminación de las barreras formales e informales que obstaculizan esa capacidad de autodeterminación y la transformación de las relaciones de poder entre los individuos, los profesionales, las comunidades, los servicios y la administración. EAPN España identifica los siguientes obstáculos:
- La falta de voluntad del personal directivo, y el uso de etiquetas de participación sin contenido.
- La toma de conciencia sobre la pérdida de poder en la toma de decisiones, por parte de los actores más tradicionales.
- Los estereotipos del personal técnico, sobre todo respecto a las capacidades de las personas participantes y el logro de resultados.
- Las prisas por conseguir resultados a corto plazo.
- La idea de rendir cuentas, y la orientación cuantitativa de los resultados, frente a la valoración de los logros como avances.
- El mito del proceso “autosostenido”, frente al esfuerzo de una estrategia basada en componentes sostenibles y de dedicación permanente.
- Anteponer la aplicación de manuales, métodos y técnicas, al buen juicio y al diagnóstico de la situación actual de la organización.
- La dificultad de acceder a espacios de participación fuera de la organización (por ejemplo, con las administraciones públicas, sobre todo locales).
- La limitación que supone una financiación intermitente que interrumpe los procesos y la garantía de continuidad de las actuaciones.
Participación social y en el ocio
Recientes investigaciones han evidenciado que, con relación a la pobreza económica y a la disponibilidad de tiempo social o de ocio, se están produciendo dos fenómenos simultáneos y aparentemente contrarios:
- Por un lado, la precariedad económica acentúa el riesgo de exclusión y aislamiento social,
- Por otro, las personas que padecen pobreza monetaria disponen de más tiempo libre que aquellas con mayores ingresos.
Así, frente a las dificultades para disfrutar del ocio por parte de las personas excluidas, paradójicamente, un reciente estudio del SIIS Centro de documentación y estudios sobre la pobreza del tiempo en Gipuzkoa, evidenció que la pobreza monetaria y la pobreza de tiempo para el ocio aparecen como dos caras de una misma moneda. El riesgo de pobreza monetaria es inferior entre quienes sufren pobreza de tiempo y superior entre aquellas personas que disponen de mayor tiempo libre y, en buena medida, un tipo de pobreza parece actuar como factor de protección frente al otro. Sin embargo, ciertos grupos –como, por ejemplo, las personas de nacionalidad extranjera, las que conviven con personas dependientes, las personas de menos de 44 años, y las mujeres en general– tienen un mayor riesgo de padecer ambas situaciones.
En este contexto, el ocio se debería erigir en un marco inmejorable para que la persona pueda establecer relaciones fructíferas. El ocio constituye un vehículo inmejorable para la creación de lazos de unión entre personas en igual o distinta situación social. Aunque tradicionalmente se asocia de forma simplista con la diversión, el ocio tiene un potencial de desarrollo humano, al facilitar que las personas, las comunidades y las sociedades desarrollen dinámicas de participación, cohesión e identificación social. La cultura, el turismo o el deporte, por ejemplo, pueden convertirse en espacios públicos que faciliten dinámicas de ayuda mutua al generar vínculos cognitivos y afectivos entre las personas participantes (Sartu, 2013).
Participación en el ocio vacacional
No hace tanto tiempo que las vacaciones pasaron de ser consideradas un artículo de lujo a constituir un elemento normal de la vida cotidiana de la mayoría de las personas en la Unión Europea. De hecho, actualmente, el hecho de que un hogar no pueda permitirse ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año, se considera un indicador de pérdida de bienestar.
En el caso de España, se estima que, en 2014, la proporción de personas en hogares que no pudieron disfrutar de una semana de vacaciones al año alcanzó el 46,4% (Sanzo, L., 2016). Sin embargo, todavía hay quienes opinan que las familias con problemas económicos no tienen derecho a disfrutar vacaciones, porque prescindiendo de éstas, quizás podrían subsanar su deficiente economía doméstica.
Frente a estos posibles prejuicios sociales, diversos estudios muestran que para las personas que se encuentran en situación de pobreza las vacaciones no solamente ofrecen la posibilidad de practicar actividades lúdicas, sino que pueden ayudarles a integrarse socialmente, fomentar su autonomía, construir una memoria familiar positiva, y evitar la estigmatización social (Guillaudeux, 2014). Parece además que los viajes vacacionales tienen una importancia especial para los niños, ya que durante las estancias fuera del hogar pueden ampliar sus horizontes sociales y adquirir nuevos hábitos y habilidades con más facilidad (Queen, B, 2008).
Varios países europeos, como Francia (programa Aide aux vacances) o Irlanda, cuentan con décadas de experiencias en políticas sociales vacacionales. Los beneficios de estas medidas han sido demostrados, aunque no se encuentran en su mejor momento, según evidencian algunas evaluaciones recientes del programa irlandés.
