[icon name=»book» class=»fa-2x fa-pull-left»]Pérez, L.C., Peláez, A. (dirs.), La aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Unión Europea y en los países que la forman. Serie: Convención ONU n. 20, Madrid, Ediciones Cinca, 94 págs, 2017.
El presente estudio analiza la situación de los derechos de las personas con discapacidad en la Unión Europea, con motivo del décimo aniversario de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, y presta una especial atención al ámbito de la accesibilidad, el empleo y la educación. Este acuerdo supuso un cambio de perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad, pasando de un modelo médico-asistencialista, que definía a este colectivo como objeto de protección, asistencia y cuidado, a un modelo social donde las personas con discapacidad son sujetos de pleno derecho. Según esta visión, las dificultades a los que se enfrentan estas personas a la hora de participar plenamente en la comunidad tienen su origen en una sociedad diseñada desde un patrón de normalidad que no tiene en cuenta sus necesidades, lo cual genera barreras excluyentes y discriminatorias. En la actualidad, todos los Estados Miembro de la Unión Europea –excepto Irlanda– han ratificado esta Convención, de los cuales 13 han superado la primera evaluación del Comité de seguimiento.
A pesar del significado de este acuerdo, los resultados de este estudio muestran una falta de concienciación, de datos fiables y de mecanismos para vigilar la consecución de la Convención. En cuanto a la accesibilidad, se observa que su denegación no siempre se contempla como una discriminación, debido a la imprecisión de los conceptos y a la falta de sanciones por su incumplimiento. Por consiguiente, esta inexistencia de obligaciones generales en materia de accesibilidad afecta de manera directa al cumplimiento de otros derechos como el de información, salud, cultura, ocio, deporte, justicia, movilidad y participación. Éste es también uno de los aspectos que se destaca en el análisis de los derechos en el ámbito educativo, donde se remarca además la inexistencia de centros especiales y la falta de apoyo a niños y niñas con discapacidad.
En lo que se refiere a la situación laboral de este colectivo, los datos muestran tasas elevadas de desempleo, que aumentan en el caso de las mujeres con discapacidad. Asimismo, se detectan situaciones discriminatorias en las condiciones laborales y ausencia de medidas orientadas hacia la incorporación de las personas con discapacidad a un mercado inclusivo, abierto y accesible. Otros de los principales problemas que se han observado en la Unión Europea en materia de discapacidad son la trasgresión del libre consentimiento en relación a la actividad jurídica, la falta de estrategias nacionales para fomentar la vida independiente y la discriminación que sufren las personas con discapacidad en el ámbito del sistema penal, así como en la participación del ámbito político.
Ante esta situación, el documento reúne una serie de recomendaciones con el objetivo de alcanzar los objetivos determinados en la Convención, entre los que se encuentran:
- Tener un buen sistema de recopilación de datos y realizar programas de concienciación y capacitación.
- Establecer obligaciones vinculantes tanto en el ámbito público como en el privado, y sanciones en caso de incumplimiento, así como garantizar que la ausencia de ajustes razonables sea considerada como discriminación.
- Garantizar el acceso en condiciones de igualdad a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional, para lo cual sería imprescindible aumentar la accesibilidad del entorno, el material y los recursos.
- Promover el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad, orientando las políticas laborales hacia empleo inclusivo. Para ello, sería necesario garantizar el uso adecuado de los fondos y políticas económicas al servicio de los derechos.