Numerosos estudios confirman que las inversiones públicas dirigidas a la prevención de problemas sociales y problemas de salud revierten en ahorro para el sector público. A pesar de ello, resulta difícil conseguir financiación pública para las iniciativas sociales de carácter preventivo. Este hecho se debe, en parte, a la crisis económica que ha conllevado la implantación de políticas de austeridad acentuado los ya anteriormente existentes problemas de financiación de programas públicos. Unos presupuestos públicos cada vez más ajustados provocan, por otro lado, una necesidad emergente de justificar el gasto de las administraciones públicas mediante evaluaciones de resultados.
En un intento de dar respuesta a estos retos surgieron en 2007 en el Reino Unido los primeros bonos de impacto social (BIS) del mundo. Estos bonos, también conocidos como contratos de pago-por-éxito o bonos con pago por resultado, constituyen un mecanismo de financiación novedoso que promueve la innovación social y la efectividad de programas públicos. Se trata, concretamente, de una fórmula de financiación que consiste en el compromiso de inversores privados de invertir dinero en acciones de carácter social promovidas por las entidades públicas. La administración pública, por su parte, se compromete a reembolsar esta inversión si se comprueba el cumplimiento de los objetivos del programa en cuestión.
Como regla general el establecimiento y la implantación de un bono de impacto social sigue los siguientes pasos:
1. Una entidad pública identifica una necesidad social no cubierta.
2. Se selecciona una entidad sin ánimo de lucro para diseñar e implementar un programa innovador de carácter preventivo.
3. Inversores privados se comprometen a financiar el programa en cuestión.
4. Se diseña el programa estableciendo el periodo de tiempo durante el que se implementará el programa y definiendo los indicadores adecuados para evaluar su impacto social.
5. El programa se lleva a cabo.
6. Un evaluador externo determina si el programa cumple con los objetivos acordados al inicio.
7. Si el programa cumple con los resultados esperados, la entidad pública promotora asume el gasto que incluye el coste del proyecto y un porcentaje adicional en forma de “tasa de retorno” por la inversión. En el caso de que el programa no haya alcanzado los resultados esperados los inversores pierden el capital.
Fuente: Social Finance Limited.
Son cada vez más numerosas las guías y manuales sobre los bonos de impacto social que han aparecido de manera reciente y que establecen, entre otras, las siguientes recomendaciones para la puesta en marcha de proyectos de este tipo:
• Para poder poner en marcha un bono de impacto social resulta necesario definir bien la población objetivo. Un grupo destinatario demasiado amplio puede dificultar la medición de los efectos de la intervención. Una población objetivo demasiado pequeña resultará, por otra parte, en evaluaciones con efectos que no son estadísticamente significativos.
• La implantación de programas de bonos de impacto social requiere la realización, de antemano, de un cálculo exacto del coste total del programa teniendo en cuenta también posibles sobrecostes.
• Otro elemento imprescindible en el proceso de creación de bonos de impacto social es el establecimiento de unos indicadores que posibiliten la medición objetiva y correcta del impacto de la intervención.
Este nuevo modelo de financiación presenta una serie de ventajas, entre las que destacan:
• Optimización del uso de los presupuestos públicos gracias a la minimización de los gastos de funcionamiento directo (contratación de personal por ejemplo).
• Transferencia de los riesgos del sector público a otros actores.
• Reducciones en el gasto social público sin disminuir, por ello, los presupuestos disponibles para la intervención social.
• Aumento de los presupuestos destinados a iniciativas de prevención social y atención temprana contribuyendo, de esta manera, a llenar un vacío que existe en la prestación de servicios sociales.
• Adopción de iniciativas basadas en la innovación social.
• Impulso de evaluaciones de servicios que, a su vez, contribuyen a generar nuevo conocimiento sustentado en la evidencia creando así una cultura de aprendizaje.
• Incentivo de programas de intervención basados en la evidencia que, a su vez, contribuye al desarrollo de un rendimiento óptimo de los servicios.
• Fomento de la diversidad entre los prestadores de servicios.
No obstante, los bonos de impacto social también han sido objeto de críticas, siendo las principales:
• Los BIS constituyen, al igual que otros tipo de bono, un instrumento financiero de deuda. No obstante, a diferencia de otros bonos, no tienen un rendimiento garantizado, lo cual, desde el punto de vista de los inversores, convierte su uso en una especie de “juego”. ·
• Los inversores se comprometen a aportar capital durante un periodo de tiempo limitado lo cual puede convertir la prestación de servicios en algo puntual que depende de la situación coyuntural.
• La implantación de los BIS implica la introducción de un nuevo mecanismo de competencia de mercado. Como resultado de ello entidades que son muy buenas en la prestación de servicios pero que no cuenten con la capacidad de adaptarse a cambios de manera rápida podrían verse marginadas.
• Existe, por otro lado, un riesgo de que las entidades involucradas pierdan de vista el objetivo principal de la iniciativa interesándose únicamente por poder demostrar el cumplimiento de los objetivos.
Otra crítica frecuente se refiere a la complejidad del modelo que, según la opinión de muchos, debería ser simplificado y estandarizado para agilizar la gestión de los bonos de impacto social.
Desde la puesta en marcha del primer proyecto piloto con bonos de impacto social, dirigido a financiar un programa de rehabilitación de personas reclusas, este modelo de financiación se ha extendido de manera rápida, a nivel internacional. De hecho, entre el 2010 y el 2016 se implantaron nada menos que 74 proyectos de bonos de impacto social en 15 países diferentes. Los bonos de impacto social se han utilizado para financiar programas dirigidos a diversos colectivos, entre ellos: personas ex reclusas, personas sin hogar, personas jóvenes sin empleo y sin estudios y menores en situación de desamparo. Según estimaciones recientes, el capital total invertido globalmente mediante este nuevo modelo de financiación supera los 250 millones de euros.
En los siete años que han pasado desde la implantación del primer bono de impacto social este nuevo instrumento de financiación ha evolucionado pero probablemente es aún pronto para poder calificarlo como un “modelo consolidado”. En realidad, en la actualidad, los bonos de impacto social no constituyen una única fórmula de financiación sino más bien un conjunto de mecanismos de financiación con algunas características comunes y que se encuentran en vías de estandarización. Con el fin de avanzar hacia un modelo más unificado y simplificado de bonos de impacto social se han llevado a cabo numerosas evaluaciones durante los últimos años. En la mayoría de los casos los resultados de estas investigaciones han sido positivos.
A pesar de que todavía falta evidencia científica concluyente sobre los BIS la experimentación con este instrumento de financiación va en aumento e incluso se está extendiendo a otros ámbitos de intervención dando lugar, por ejemplo, al primer bono de impacto humanitario. El interés que suscita este innovador mecanismo de financiación se hace notar tanto en la edición de publicaciones como en la organización de jornadas. En España todavía no existen todavía experiencias de los bonos de impacto social pero está previsto que la implantación de los primeros bonos de impacto social comience mediante experiencias en la Comunidad de Madrid, Cataluña y el País Vasco.