El informe Bajan los salarios, crece la desigualdad realizado por Intermon Oxfam pone de manifiesto en qué medida la extensión de los bajos salarios y de la pobreza en el empleo constituye una de las principales causas del crecimiento de la desigualdad. Sus datos indican que España es uno de los países de la UE con mayor desigualdad salarial y que durante la crisis han sido los trabajadores peor pagados quienes en mayor medida han visto reducir sus salarios. De acuerdo a sus datos, mientras el 30% de los asalariados más pobres han perdido desde el inicio de la crisis el 18% de sus ingresos, la caída media en la retribución del 70% restante apenas ha sido del 1%.
Tal y como ha explicado F. Felgueroso, en el blog Nada es Gratis, tras años de devaluación salarial, el empleo de bajos ingresos afecta ya en España al 22,4% de las personas ocupadas, de las cuales la mitad estaría en una situación de pobreza laboral. El fenómeno de la pobreza en el empleo es doblemente grave: además de comprometer las condiciones de vida de quienes la padecen, pone en cuestión el modelo de política social hegemónico en Europa, que equipara inclusión social y laboral: si el salario no evita la pobreza, difícilmente podrá seguir sosteniéndose, como se hace a diestra y siniestra, que la mejor política social es el empleo.
Ante esta situación, los especialistas en el estudio de la desigualdad han propuesto avanzar, entre otras, en dos direcciones: por una parte, la elevación del salario mínimo y, por otra, la creación de complementos salariales, en la línea de los existentes en países como USA y Reino Unido. En un reciente artículo publicado en la Revista Española del Tercer Sector, L. Ayala ha explicado que la ausencia de instrumentos destinados a reducir la insuficiencia de ingresos de los trabajadores con salarios bajos es uno de los factores que explican el incremento de la desigualdad, y ha abogado por la búsqueda de nuevos instrumentos de protección que contribuyan al sostenimiento de las rentas en los hogares con bajas remuneraciones. También la Fundación FOESSA ha defendido la necesidad de aplicar estos sistemas de bonificación del empleo, en el marco de la revisión del conjunto del sistema de garantía de ingresos, y en paralelo a la revalorización del salario mínimo.
No parece, sin embargo, que el nuevo Gobierno y sus aliados tengan entre sus planes incrementar el salario mínimo. En ese contexto, la experiencia británica del living wage –salario para vivir o salario decente− podría ser digna de consideración.
El ‘salario decente’ se diferencia del salario mínimo en dos aspectos: por una parte, no tiene carácter legal y su aplicación por parte de las empresas es voluntaria; por otra parte, su importe se establece en función de la cuantía que se estima necesaria para poder dar una cobertura suficiente a las necesidades básicas y no, como en el caso del salario mínimo británico, en función del salario mediano o, como en España, en función de criterios políticos y de la capacidad de presión de los, o de algunos, agentes sociales. De esta forma, mientras el recién aprobado salario mínimo británico asciende a 7,2 £ por hora, el salario decente alcanzaría las 8,25 £ en todo el Reino Unido, salvo en Londres, donde llega a las 9,4 £.
¿Por qué es interesante la experiencia del living wage británico? En primer lugar, por sus promotores: una amplia coalición de entidades sociales, centros académicos, instituciones públicas, empresas y sindicatos. Estos últimos –sin renunciar a la reivindicación del incremento del salario mínimo legal− se han posicionado a favor de esta medida, la han incluido en sus agendas y, de hecho, un representante de la principal federación de sindicatos británica forma parte del consejo asesor de la Fundación creada para impulsar esta propuesta. El segundo elemento de interés es su creciente extensión. En la actualidad más de tres mil empresas y entidades públicas se han adherido a esta iniciativa: entre ellas, Barclays, Banco Santander, Burberry, Nestlé o el Chelsea F.C., y hasta una treintena de las empresas cotizadas en el índice FTS100.
Las evaluaciones realizadas hasta la fecha (aquí y aquí) ponen de manifiesto impactos positivos de interés: si bien el incremento de las remuneraciones no es muy elevado (y no se centra en los grupos con menores ingresos), permite reducir la pobreza laboral sin reducir los niveles de empleo ni incrementar, en general, los costes empresariales. Esta política salarial ha provocado además una mayor estabilidad en las plantillas, especialmente en aquellas con mayor rotación laboral. El mayor beneficio, en todo caso, es para las arcas públicas debido tanto a la reducción en el uso de complementos salariales como al retorno que en términos de impuestos y cotizaciones tiene el incremento salarial de los trabajadores mal pagados y su mayor poder adquisitivo.
Claramente ubicada en la órbita ideológica de la predistribución, la idea del salario decente presenta beneficios indudables: permite articular coaliciones locales y reivindicaciones laborales que van más allá del salario; ofrece a las empresas un estímulo positivo (evitar el descrédito que supone no adherirse a estos sistemas) derivado del proceso de acreditación y da a los consumidores –a la gente− la posibilidad de implicarse en esta cuestión no consumiendo los productos de quienes pagan bajos salarios. Además, sirve de referencia en la negociación colectiva (arrastrando así a las empresas que no se adhieren a la campaña); funciona como una suerte de clausula social (en la medida que se aplica tanto a la empresa que se adhiere al sistema como a todas aquellas con las que ésta subcontrata); contempla el diferente coste de la vida en los diversos territorios y, finalmente, pone la cuestión de los bajos salarios en la agenda pública (de hecho, ha forzado, al menos en el Reino Unido, la actualización del salario mínimo legal que, para incrementar la confusión, se ha bautizado como National Living Wage). Cabe pensar en definitiva que esta medida, junto con las bonificaciones salariales antes citadas, podría contribuir en España a mejorar las condiciones de vida de una parte importante de los y las trabajadoras de bajos salarios.
No pueden obviarse, en cualquier caso, sus limitaciones y riesgos: entre ellos, considerar el salario decente como salario suficiente, postergar cambios de mayor calado en la determinación de las relaciones laborales y, fundamentalmente, olvidar a aquellos que –por no trabajar o por no hacerlo en las empresas adheridas a este tipo de sistemas voluntarios− difícilmente saldrán de la pobreza si no se acomete una profunda reforma del mercado de trabajo y del sistema de garantía de ingresos.