Un punto de partida desfavorable en la infancia se relaciona con un menor acceso a la formación y la cultura, un bajo rendimiento escolar, peores índices de salud física y mental, y una mayor probabilidad de adoptar conductas de riesgo y comportamientos antisociales a lo largo de la vida (Assiego y Ubrich, 2015; Harvey, 2014; Allen, 2011; Waldfogel, y Washbrook, 2011; Field, 2010). Las desigualdades generadas en la infancia, además, tienen consecuencias a lo largo de todo el ciclo vital de las personas, dando lugar a una reproducción o transmisión intergeneracional de la pobreza y la exclusión social (Foessa, 2016; Unicef, 2014; Field, 2010).
En Euskadi, se constata que en los últimos años se ha producido un aumento global de la desigualdad en la infancia − el índice de Gini ha pasado de los 25,6 puntos en 2008 a los 27,9 puntos en 2014 −, aunque su nivel es significativamente inferior al registrado para el conjunto de España, donde el índice de Gini para la población infantil alcanzó los 37,2 puntos en 2015 (Save the Children, 2017). No obstante, cuando se analiza con detalle el perfil de los hogares más afectados por las situaciones de privación económica en Euskadi, resulta evidente la desigual distribución de los riesgos sociales en la infancia. En 2014, sólo el 22% de los menores de origen nacional se hallaban en una situación de pobreza relativa, mientras que este porcentaje alcanzaba el 74% entre los menores de origen extranjero. También los hogares monoparentales, encabezados en su mayoría por mujeres, exhibían tasas de pobreza relativa significativamente superiores a las de los hogares biparentales, siendo la diferencia entre ambos colectivos superior a los 20 puntos porcentuales.
Fuente: Save the Children, Desheredados. Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España. Anexo Euskadi.
Aunque la situación económica de los hogares no es el único indicador relacionado con las oportunidades vitales en la infancia, lo cierto es que presenta una altísima correlación, de modo que, estos datos suponen una primera aproximación a los distintos perfiles existentes entre la infancia vulnerable en Euskadi. En este sentido, y ante la evidencia científica creciente del retorno económico y social positivo que tienen las políticas de refuerzo en la infancia (Allen, 2011; Field, 2010; Karoly et al., 2005), resulta de interés analizar algunas de las propuestas existentes en este ámbito y reflexionar sobre la importancia de aplicar este tipo de políticas sociales en nuestro contexto.
El principal objetivo de las políticas de refuerzo en la infancia es contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas en situación de desventaja social. Desde el punto de vista de su contenido, las intervenciones se centran en muy diversos ámbitos:
Sin embargo, además del contenido de las políticas de refuerzo en la infancia, en la actualidad existe también un debate acerca de cuál debe ser la forma de provisión y la cobertura que ofrezcan este tipo de políticas públicas.
¿Servicios integrados o fragmentados?
Existe una evidencia científica creciente de que los servicios integrados aumentan el acceso de las poblaciones más vulnerables a los recursos existentes, contrarrestando parcialmente la débil demanda de servicios que exhiben estos grupos de población (OCDE, 2015). De hecho, en las últimas décadas se ha extendido en Europa la creación de centros integrales de apoyo a la infancia y a las familias que están ofreciendo buenos resultados a la hora de mejorar el acceso de estos grupos de población a estos servicios (Frazer, 2016).
Actualmente, países como Suecia, Dinamarca, Bélgica, Canadá, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Eslovenia y el Reino Unido han creado y extendido, en mayor o menor medida, este tipo de centros (Frazer, 2016; OECD, 2015), que prestan un amplio abanico de servicios para las familias (educativos, de salud, de cuidado, programas de parentalidad positiva, programas de inserción socio-laboral) en una misma ubicación física. La premisa subyacente es que este tipo de servicios facilitan el acceso, permiten valoraciones integrales más ágiles y hacen que las derivaciones y coordinaciones entre distintos servicios tengan lugar de forma más fluida. Existen, sin embargo, multitud de modelos y los países que han implementado este tipo de servicios divergen en cuestiones tan fundamentales como el rango de edad de los/as menores atendidos, el tipo de oferta que hacen, la intensidad de la atención o los requisitos de acceso para las familias, entre otros factores que resultan también relevantes.
¿Servicios universales o servicios específicos para familias vulnerables?
En cuanto a la universalidad de los servicios, las evaluaciones realizadas indican que los servicios universales ofrecen mejores resultados que los servicios especializados cuando se trata de atender a familias en situación de vulnerabilidad o desventaja social. No sucede lo mismo, sin embargo, cuando se trata de familias en situación de exclusión social grave o con una problemática severa en algún ámbito. En estos casos, los servicios especializados son la mejor opción.
A este respecto, y en caso de optar por la creación de servicios universales, la literatura especializada señala dos estrategias que pueden emplearse a la hora de mejorar la atención a este tipo de familias. En primer lugar, aplicar el modelo de gestión de casos habitualmente utilizado en los servicios sociales, de modo que, se asigne un profesional de referencia encargado de coordinar todas las intervenciones con la unidad familiar y mantener la comunicación con ésta. Y en segundo lugar, diseñar servicios a partir del modelo en cascada, esto es, creando paquetes de servicios básicos de carácter universal que se complementen, además, con una oferta de servicios especializados que sólo sean accesibles a aquellas familias con problemáticas graves que hayan sido valoradas por el equipo técnico correspondiente (OECD, 2015).
¿Servicios para los/as menores o servicios para las familias?
Finalmente, también es importante considerar si los servicios de refuerzo a la infancia deben centrarse sólo en mejorar el bienestar de los y las menores, o si, por el contrario, deben considerar las necesidades de la unidad familiar desde un punto de vista global. A este respecto, la evidencia científica señala la conveniencia de incorporar también algunas de las necesidades y preocupaciones de los progenitores en la oferta asistencial como una forma de mejorar el acceso y la utilidad percibida de estos servicios por parte de los progenitores. Los resultados de diversas evaluaciones muestran que el hecho de que los progenitores puedan acceder a servicios que respondan a alguna de sus demandas o necesidades mejora la relación de las familias con los servicios e incrementa el acceso entre los grupos de población más vulnerable (OECD, 2015; Goodall, 2013; Goodall y Vorhaus, 2012).
Todos estos, por lo tanto, son aspectos relevantes a tener en cuenta a la hora de diseñar e implementar políticas públicas dirigidas a reducir la desigualdad social en la infancia. Finalmente, y tal y como se ha comentado al comienzo de este artículo, es imprescindible tener en cuenta también que el factor económico es sólo uno de los elementos que determina la diferencia de oportunidades en la infancia y que, en este sentido, resulta imprescindible ampliar la mirada y tener en cuenta también la necesidad de intervenir en el ámbito educativo, en los hábitos de salud y las conductas de riesgo, en la mejora del capital cultural y la expansión del capital social de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad.